El Gobierno de El Salvador cree que el empleo ayudará a la reconstrucción del país
Informe del presidente después de los terremotos
En un reciente informe a la nación, Flores consideró de vital importancia pasar "del asistencialismo a la etapa de rehabilitación", tránsito por el que se encamina el país, según el mandatario, quien no hizo mención, por ejemplo, de cuántas personas aún continúan damnificadas. No obstante, aseguró que hasta el 15 de febrero, dos días después del segundo terremoto -el primero ocurrió el 13 de enero-, se habían instalado 73 albergues y 164 refugios de damnificados. Pero hasta el 4 de abril pasado quedaban funcionando apenas 11 albergues y 68 refugios. Explicó además que, tras los seísmos, se asistía a 171 municipios, mientras que en la actualidad sólo se ayuda a 33.
"El avance de esta población que se va rehabilitando y regresando a sus lugares es uno de los grandes logros de la emergencia", apuntó el presidente Flores, quien precisó que hasta el momento se han construido 97.752 viviendas provisionales de las 200.000 que se necesitan con urgencia ante la proximidad de la época lluviosa, a finales del presente mes.
En términos concretos, ésa es la única cifra que presentó el mandatario salvadoreño; el resto son planes por realizar: la construcción de 200.000 viviendas permanentes, de las cuales 75.000 estarán a cargo de la Fuerza Armada, y una cifra igual por el Fondo de Inversión Social de Desarrollo Local (FISDL); las restantes 50.000 estarían comprendidas en un Programa de Solidaridad, que se ejecutaría con donaciones y en el que participarían las Iglesias y clubes de servicio social, así como la comunidad de salvadoreños residentes en Estados Unidos.
Sin embargo, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de generar empleo en las zonas afectadas, especialmente en zonas campesinas; por ejemplo, en el área cafetalera el Gobierno insta a que no se pierdan más de 130.000 empleos, para lo cual se han otorgado 50 millones de dólares.
A la mediana y pequeña empresa el Gobierno ha destinado créditos por 23 millones de dólares, a fin de que los afectados puedan emprender actividades productivas y vivienda mínima. Datos oficiales e independientes estiman que la pérdida de empleo en este sector es de entre 50.000 y 100.000 puestos.
Otro de los programas que generarían 25.000 nuevos empleos, de acuerdo con Flores, sería el de la incorporación mano de obra no cualificada a todas las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas: rehabilitación de carreteras, caminos e infraestructura productiva; para ellos se destinarán 332,7 millones de dólares.
El mandatario también explicó que en el área de las maquilas entre este año y el venidero se pueden crear otros 34.000 nuevos empleos, especialmente para las mujeres, muchas de las cuales son las que sostienen sus hogares.
Los terremotos de los días 13 de enero y 13 de febrero ocasionaron la muerte de más de 1.100 personas, otras 8.000 fueron heridas y 1,5 millones resultaron damnificadas.
Críticas
"Lamentamos que el Gobierno insista en una visión que no integra a los diferentes actores nacionales en el gran esfuerzo de reconstruir El Salvador. El presidente Flores continua empeñado en tener como único referente a la empresa privada, lo que no es suficiente", aseguró Raúl Mijango, vicecoordinador general del opositor e izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), segunda fuerza política nacional.
Mijango estima que se ha construido menos de la mitad de las viviendas provisionales, pocos días antes de que comience la época de lluvia y que aún está en proyecto la construcción de las 200.000 viviendas permanentes, que será un esfuerzo inmenso tomando en cuenta que el país tienen capacidad para levantar apenas 20.000 viviendas anuales.
"Por ello, proponemos un enfoque que permita sumar a todas las fuerzas sociales, políticas y económicas, de tal forma que se asuma esta problemática desde un punto de vista integrador de toda la sociedad", agregó el político, quien estima, por otra parte, que la generación de empleo podría darse de una manera más sólida si se reactiva la agricultura y la industria y se toman medidas favorables para la mediana, pequeña y microempresa, "sectores a los que las políticas gubernamentales han deprimido".
"Además, quisiera aclarar que la ayuda para los afectados no esta fluyendo como debería; en muchos municipios se está ayudando a los damnificados del primer terremoto y no se contempla a los afectados del segundo seísmo. Hay mucha gente en abandono y se vuelve difícil satisfacer las necesidades porque realmente hay muy poco espacio para la participación de los afectados y de las autoridades locales en el impulso de reconstrucción del Gobierno", finalizó Mijango.
"La vida no vale nada"
"¡La vida no vale nada! Si vienes echando habladas, yo te contesto con balas", dice un fragmento del corrido mexicano Llegó borracho el borracho . La actualidad de violencia en El Salvador parece ser un "digno" homenaje a aquella canción que se escucha a cada momento en los bares de los suburbios.
Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y una de las voces con mayor protagonismo en la denuncia social, aseveró que de acuerdo a un registro de los periódicos locales hecho por su institución el año pasado, refleja que 764 personas murieron violentamente en El Salvador.
La afirmación adquiere mayor dramatismo cuando Cuéllar sostiene que la investigación del Idhuca concluye que las muertes violentas que aparecen en la prensa escrita representan apenas el 10% de las que en realidad ocurren.
Ello quiere decir que en El Salvador, durante el año 2000, han muerto violentamente unas 7.640 personas. Significa que, a causa de la criminalidad, se registraron 636,6 casos de personas fallecidas mensualmente y 21,2 por día. Cabe señalar que durante la guerra civil (1980-1992) el promedio de muertes diarias a causa del enfrentamiento bélico fue de 17,3. En la actualidad, la ola de delincuencia supera las cifras fatales del conflicto armado.
Sin embargo, los datos oficiales del año 2000 contemplan 2.190 muertes violentas, es decir, seis casos diarios, según el Ministerio de Seguridad Pública.
Tal situación contrasta radicalmente con las estadísticas de años anteriores y con los datos elaborados por el Idhuca.
Otras cifras reveladoras que expuso Cuéllar es que el 69,11% de las muertes ocurridas el año pasado se atribuye a "sujetos desconocidos", mientras que el 10,99% de los asesinatos se achaca a delincuentes comunes. Es de señalar que algunos de los cadáveres aparecieron con señales de tortura, mientras que otras personas murieron en acciones semejantes a las que ejecutaban los Escuadrones de la Muerte .
Cuéllar indicó que, de los asesinados violentamente, el 86,2% eran hombres y el 13,8%, mujeres. Ello se debe especialmente, agregó, a la cultura machista y al protagonismo de los hombres en la guerra, lo que los ha convertido en actores y víctimas de la violencia que azota a El Salvador.
A modo de conclusión, Cuéllar indicó que "estaría mintiendo quien se atreviese a sostener que en El Salvador se asesinan, encarcelan, torturan y desaparecen personas por su afiliación o simpatía política. Pero no es mentira sostener que siguen muriendo y desapareciendo muchas personas por las políticas erradas de quienes conducen los destinos del país".
Por su parte, Amnistía Internacional denunció que en El Salvador continúa reinando la impunidad y, pese a que han transcurrido nueve años desde que finalizó el conflicto armado, no se han esclarecido las masivas violaciones de los derechos humanos ni castigado a sus responsables. Para organizaciones nacionales e internacionales humanitarias, la impunidad es la causante de la criminalidad del presente.
Amnistía indica que, "ante la dimensión de las violaciones de los derechos humanos cometidas en la guerra [1980-1992], es imprescindible dedicarse sistemáticamente al problema de la impunidad". La institución humanitaria reclama al Gobierno de Francisco Flores "acelerar los casos que ya se ventilan ante la justicia salvadoreña o cuyas investigaciones ya se han cerrado", como son, por ejemplo, los casos del asesinato de Óscar Romero y la masacre de seis sacerdotes jesuitas.
