Tres ex ministros argentinos serán procesados en un caso de venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia

También incluye al ex comandante en jefe del Ejército de Tierra general Martín Balza y a otros tres coroneles ya retirados, al ex interventor de Fabricaciones Militares (FM) y a una funcionaria civil de esa empresa.

Todos ellos serán juzgados en una audiencia oral y pública que debería comenzar hacia fines de este año. A los ex ministros Camilión, González y Di Tella, y al general Balza se les acusa de "falsedad ideológica"; a Di Tella, también por "ocultar pruebas" y a Balza, por "malversación de caudales".

Según el tribunal, "resulta contrario a las reglas de la sana crítica pretender sostener que los por entonces ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores hubieran desconocido la realidad de lo que estaban firmando", tal como sostenían sus abogados defensores en el momento de presentar el recurso a la Cámara Federal. Los tres decretos secretos, firmados por Menem y sus ministros, permitieron realizar siete embarques clandestinos de armas con destino a Croacia y tres a Ecuador.

Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, designado en el cargo por sus relaciones de amistad con las familias Menem y Yoma, cuñados del ex presidente, y al resto de los militares y civiles involucrados se les sindica como responsables de integrar una "asociación ilícita", pero la Cámara estima que el verdadero jefe no está entre ellos: "Puede afirmarse que el origen de las maniobras no habría sido Fabricaciones Militares, sino que las decisiones habrían partido desde niveles superiores del Estado".

El tribunal le exige al juez que cite a una declaración indagatoria "a los funcionarios responsables de tomar tales determinaciones".

El ex presidente Carlos Menem y el actual ministro de Economía, Domingo Cavallo, que ocupaba entonces el mismo cargo, firmaron junto a los otros tres ministros, entre 1991 y 1995, los tres decretos secretos que autorizaron la venta de armas con destino a Venezuela y Panamá, desviadas luego a Ecuador, en guerra con Perú por aquella época, y Croacia.

En su resolución, la Cámara destaca "la trascendencia internacional que las ventas de armas implicaban" por la violación de compromisos y embargos militares. Argentina era país "garante" de los acuerdos de paz entre Ecuador y Perú firmados en Río y tropas argentinas integraban las fuerzas de paz de Naciones Unidas apostadas en Croacia.

Los altos oficiales ya retirados implicados en la "asociación ilícita" son el coronel Carlos Franke, que funcionaba como enlace entre el Estado Mayor del Ejército de Tierra y FM; el coronel Edberto González de la Vega, ex director de Coordinación Empresaria de FM, y Jorge Cornejo Torino, ex jefe de la fábrica de FM en Río Tercero, que explotó en noviembre de 1995 y a la que el tribunal considera ahora "verdadero eslabón en la espuria cadena investigada".

La destrucción de esa fábrica, donde se le limaba y borraba el escudo del Ejército Argentino a los cañones antes de embalarlos para el embarque, se debió a un supuesto "estrago culposo", según la investigación. Cuando tuvo que explicar el faltante de armas, el general Martín Balza dijo que se habían perdido en esa explosión.

En su reclamo al juez federal Jorge Urso para que "profundice la investigación" sobre la trama económica de la operación ilegal, el tribunal involucra al entonces asesor presidencial Emir Yoma, hermano de Zulema Yoma, ex esposa del presidente Carlos Menem, a un sobrino suyo de nombre Muhammad Yalal Nacrach y al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.

Entre 1991 y 1995, Fabricaciones Militares vendió 6.500 toneladas de armas a empresas "fantasmas" radicadas en Uruguay por un valor estimado en 100 millones de dólares de los que sólo recibió 40. Según el testimonio de Diego Palleros, el intermediario argentino que intervino en la operación y reside ahora en Suráfrica, él mismo se encargó de depositar en la cuenta que la empresa uruguaya Daforel tenía en el banco MTB de Nueva York 400.000 dólares destinados a "un alto empresario vinculado al Gobierno".

La cámara indica ahora que Daforel tendría en realidad dos cuentas en el MTB y que es la misma empresa que el comité del Senado de Estados Unidos investiga por el lavado de dinero proveniente de la corrupción y del tráfico ilegal de drogas, con cuenta en el Federal Bank, banco pantalla de Bahamas que pertenece a Raúl Moneta, conocido como el "banquero de Menem". En los registros uruguayos aparece como titular de Daforel una ciudadana uruguaya, Angela Chiodi Touzet.

El periódico argentino Clarín informó que el nombre de la misma señora consta como presidenta de la empresa uruguaya Del Bote, investigada a su vez por el presunto pago de sobornos estimados en más de 30 millones de dólares para que la empresa IBM renovara el parque informático del Banco de la Nación Argentina.

En este caso, Touzet admitió que sólo cedió su nombre y apellido al financiero argentino Pedro Stier, ex presidente de Multicambio. La cámara ordena también que se cite a declarar a Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma, presidente de Elthan Trading, otra empresa uruguaya que transfirió 2 millones de dólares a Yoma S.A., en 1994, a través de Daforel.

[Por otra parte, un juez argentino ordenó ayer el encarcelamiento del antiguo médico policial Jorge Bergés, que trabajó en los centros de detención en la dictadura militar, por el robo en 1997 del bebé de la ciudadana uruguaya Carmen Sáenz, aún desaparecida].