Dimite el alcalde de Estepona tras ser acusado de blanqueo de dinero
El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Caba, presentará hoy su dimisión al frente del Ayuntamiento de esa localidad después de que la Fiscalía Antidroga haya pedido para él cinco años de prisión y 1.500 millones de pesetas de multa por un delito de blanqueo de capitales. Caba renunciará también a su acta de concejal y a la secretaría general de la agrupación socialista local. Incluso ha solicitado a la dirección del PSOE la suspensión voluntaria de militancia, hasta que se resuelva este caso.
La fiscalía acusa a Caba de constituir un complejo entramado societario, mediante empresas irlandesas y gibraltareñas, que presuntamente sirvió para blanquear dinero procedente del narcotráfico, pese a 'tener plena conciencia de su origen ilegal'. El regidor anunció que presentará hoy un recurso ante la titular del Juzgado central número 3 de Madrid, Teresa Palacios, que investiga la trama de blanqueo supuestamente organizada por un cliente del bufete de Caba, Levent Ucler, en prisión provisional desde el pasado junio por ordenar el asesinato de su esposa.
Caba se reunió durante toda la mañana de ayer con miembros de las ejecutivas provincial y regional de su partido, entre ellos el secretario de política municipal del PSOE andaluz, Salvador Pendón. A las 18.00 horas, en una conferencia de prensa, anunció su dimisión como alcalde. 'Los hechos se circunscriben a una actuación meramente profesional', se defendió Caba, que insistió en que se limitó a asesorar jurídicamente a un cliente, como lleva haciendo en los últimos 16 años, desde que ejerce como abogado. 'Soy absolutamente inocente de cualquier cargo, y eso va a quedar claro', explicó el todavía alcalde de Estepona.
Estepona tiene un gobierno municipal formado por seis ediles del PSOE, cuatro del PP, uno de IU y uno del PA, que desalojó en 1999 de la alcaldía a Jesús Gil Marín, que obtuvo en las elecciones de ese año nueve concejales.
El secretario federal de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, manifestó ayer que la reacción de los socialistas en este caso contrasta con la del PP ante las irregularidades de que son acusados el ministro Jaume Matas y el alcalde de Ponferrada.
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