Sentimientos y argumentos

El pasado día 1 de abril en EL PAÍS, Javier Pérez Royo acude en defensa de la Ley del Menor justificando la actuación de la Administración de 'justicia' en el caso del asesinato de la joven Klara G. C., cometido San Fernando (Cádiz). No dudo del alto nivel del señor Pérez Royo como jurista, pero sí dudo de la sintonía de estos expertos con lo que piensa la gente, para la cual se hace y de la cual emana la Justicia, según frase retórica de nuestra Constitución.

Es evidente que el delincuente lo tiene más fácil en una democracia que en una dictadura. Lo que no es tan evidente es que delinquir en nuestra democracia resulte 'barato' para ciertos delincuentes, a los cuales les basta estar drogado, celoso, enfadado, ir con unas copas de más, o ser rico o joven, para que le apliquen toda clase de eximentes y consideraciones fraternales; mientras, la víctima y/o sus allegados, aparte del acto burocrático de presentarse como parte, permanecen en un lugar alejado como simples espectadores, reviviendo los hechos e ignorados por la justicia, experimentando con esta vejación un sufrimiento añadido. Y en esto no tiene nada que ver la cacareada, aunque no por eso menos real, dotación económica.

Y como justificación base de todo ello tenemos el angelical artículo 25 de la Constitución en virtud del cual gozan del mismo tratamiento de presunción de reinserción: por un lado una persona, nacida en un barrio marginal, que no ha conocido escuela ni entorno familiar ni más referente ético que la ley de la selva, y por otro lado, banqueros, mercaderes, políticos, violadores, torturadores familiares o jovencitas que torturan hasta la muerte a una compañera de clase por el mero placer de experimentar una sensación nueva y, de camino, hacerse famosas. Aunque nada tengo que ver con legislación ni códigos, me atrevo a imaginar un artículo 25 según el cual un tribunal opinará sobre la eficacia de la reinserción en cada caso.

El articulista, no sin antes dedicar unas líneas a las víctimas (familiares y allegados en este caso) lamentando que pueda aumentar su dolor la lectura de tan bienintencionados argumentos jurídicos, se pregunta qué sería de las sádicas asesinas en el futuro si se fuera más severo con ellas... A esta pregunta retórica, le doy mi respuesta concreta: me importa un bledo, lo que sí sé es que no quiero que los juristas las dejen para que me atiendan en un hospital, ni en un mercado, ni como cuidadoras de niños... ¡ni administrándome 'justicia' o pidiéndome dinero para una ONG!

En otra parte he leído el argumento del 'instinto de venganza' y me pregunto ¿por qué hemos llegado a ser tan estrictos en la represión de este instinto, heredado de nuestros antepasados irracionales hasta el punto de pasarnos por el forro los sentimientos de las víctimas y, en cambio, elevamos a la categoría de 'legítima ambición' el igualmente irracional instinto de posesión al que sometemos a tímidos controles cuyo resultado salta a la vista?-