Políticos venezolanos exigen castigos ejemplares contra la corrupción

Los políticos venezolanos, de la oposición y oficialistas, coinciden en pedir castigos ejemplares para los responsables de la corrupción que se ha destapado en la Administración relativa a los fondos destinados a programas sociales. El debate parlamentario se centra ahora en determinar el grado de culpabilidad de los militares que han estado manejando los recursos.

La semana pasada, la prensa local publicó un informe de la Contraloría General (Tribunal de Cuentas) donde se señalan irregularidades en el manejo de un 40% de los fondos, según las auditorías hechas al programa Bolívar 2000 y el Fondo Único Social, manejadas por los compañeros de armas del presidente, Hugo Chávez.

Otro tercer organismo, denominado Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR), dirigido por militares y dedicado a la construcción de viviendas para el sector popular, también está siendo investigado para determinar las denuncias que han hecho los mismos damnificados sobre la precaria construcción de las viviendas, las irregularidades en su adjudicación y la expedición de recibos por dinero que nunca se les entregó.

César Pérez Vivas, diputado de la oposición, dijo, en nombre de su partido, el democristiano Copei, que acusa al contralor general, Clodosvaldo Russian, de ser "responsable por encubrimiento y complicidad", al haber enviado el informe primero a los militares, en enero, y no al poder moral como corresponde. El contralor Russian ha guardado silencio y debe comparecer el próximo martes ante la comisión parlamentaria especial para que rinda cuentas.

Su antecesor, Eduardo Roche Lander, dijo que entregó a Russian a principios del año 2000 los informes, con pruebas y evidencias, sobre las corruptelas de algunas guarniciones militares, como facturas de empresas inexistentes y sobreprecios en las compras. "Los comandantes de las guarniciones eran los responsables. Hubo un manejo corrupto de los recursos. He entregado también los informes a la Fiscalía General. El forjar facturas es un delito y amerita un juicio penal. Han pasado dos años y todavía no hay presos".

Los generales en retiro Fernando Ochoa Antich, ex ministro de la Defensa, y el vicealmirante Huizi Clavier, miembros del Frente Institucional Militar, piden, a su vez, enjuiciar al presidente.

El presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, miembro del partido gobernante, Movimiento V República, asegura que la investigación parlamentaria seguirá su curso normal para buscar a los responsables, pero advirtió de que la denuncia de corrupción "es una campaña desestabilizadora. Una patraña para dañar la imagen de la Fuerza Armada".

El ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, dijo que ponía su mano en el fuego por los generales Manuel Rosendo, presidente de la Fundación Proyecto País, encargada del programa Bolívar, y de Cruz Wefer, presidente de FONDUR, pero expresó su apoyo a la investigación para "castigar a los responsables de la corrupción".

Otros diputados de Movimiento V República, como Francisco Ameliach y Omar Mezza, calificaron a los generales Rosendo y Cruz Wefer de "honestos" y expresaron su disposición a "averiguar hasta el final cualquier irregularidad que involucre a alguien" en los programas sociales.