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PP y PSPV alivian la tensión en torno a la renovación del Síndic

Socialistas y populares ven ahora 'posible' alcanzar un acuerdo

Los grupos mayoritarios de las Cortes Valencianas rebajaron ayer la tensión que durante las últimas semanas les ha mantenido enfrentados a cuenta de la renovación del Síndic de Greuges. Populares y socialistas retomaron las negociaciones al respecto y se esforzaron, cada cual por su lado, por ofrecer una imagen más relajada, al tiempo que aparcaban iniciativas que pueden entorpecer el proceso. La entrevista mantenida la semana pasada por los líderes de ambos partidos parece haber surtido efecto.

El nuevo clima que se percibió ayer permitió que los portavoces popular y socialista, Alejandro Font de Mora y Joaquim Puig, respectivamente, a lo largo del día hablaran 'varias veces' y avanzaran en la negociación. De momento existe ya acuerdo en torno a una cuestión fundamental: el reconocimiento del importante papel que el Síndic de Greuges debe jugar en el sistema político, que obliga prestigiar la institución y a potenciarla para que pueda convertirse en un instrumento que resulte útil a los ciudadanos. Esa potenciación conlleva la descentralización y una nueva organización interna del organismo tendente a que los adjuntos al Síndic de Greuges tengan mayor participación en la gestión.

Hasta ahí, hay acuerdo. Pero quedan todavía algunas cuestiones pendientes de negociar que requerirán cesiones por parte de unos y otros: el examen previo al candidato a Síndic, el nombramiento de sus adjuntos en el plazo de 15 días después de su elección y la restitución del honor de la actual Síndic de Greuges en funciones, Emilia Caballero. El acuerdo es 'posible', según consideran tanto los populares como los socialistas. Otra cosa es que, una vez alcanzado, se produzca una marcha atrás, como sucedió el pasado 19 de febrero, cuando, después de cerrar un pacto con el PSPV, el Grupo Popular rompió el acuerdo al que habían llegado con los socialistas, que fue desautorizado por Eduardo aplana desde México, donde el presidente de la Generalitat se encontraba de viaje oficial.

'No está cerrado, pero veo que hay posibilidades', declaró ayer Joaquim Puig, quien puntualizó: 'Las cosas están mejor, pero esto no ha acabado, ni mucho menos'. 'Veo que existe por ambas partes una voluntad de llegar a algún tipo de solución', dijo, por su parte, Alejandro Font de Mora. 'Estamos dando todos muestras de buena voluntad', insistió el portavoz popular, quien se declaró 'optimista' ante el nuevo rumbo que han tomado las relaciones en torno a la renovación del Síndic de Greuges entre los dos grupos mayoritarios. Éstos están condenados a entenderse, dado que la elección del Síndic requiere una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados de la Cámara que ninguno de los dos grupos puede alcanzar en solitario.

La distensión que se percibió ayer tuvo su reflejo en la reunión de la junta de portavoces, que el representante de Esquerra Unida, Joan Ribó, describió como 'una extraña balsa de aceite' porque había discurrido de forma 'pacífica y tranquila'. Y es que, como reveló Ribó, en la reunión de ayer no se trató 'ningún tema conflictivo' de los que últimamente han enfrentado a populares y socialistas.

Asuntos aparcados

Así, la junta de portavoces dejó 'sobre la mesa' la petición de la Síndic de Greuges en funciones de comparecer en la Cámara para explicar su actuación en la institución, mientras que no se tramitó la iniciativa del Grupo Popular de que la comisión de la Mujer estudie los 'insultos' que el diputado socialista Andrés Perelló dirigió a la presidenta, Marcela Miró, el pasado día 14, al término de la comisión en la que el PP aprobó en solitario y sin cobertura reglamentaria, un dictamen crítico hacia Emilia Caballero. Además, los socialistas han congelado su iniciativa de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar lesionados sus derechos por lo sucedido el día 14, mientras los populares quitaban hierro al contenido del dictamen aprobado ese día al señalar que no se trataba de una reprobación.

El 'castigo' a un profesor

El profesor de Derecho Manuel Martínez Sospedra ha sido castigado por criticar el funcionamiento de las Cortes Valencianas. La Mesa rechazó ayer con los votos del PP, por considerarlo 'caro', el presupuesto que el profesor presentó para realizar un estudio crítico del Estatuto de Autonomía. En diciembre las Cortes propusieron a Sospedra que coordinara el estudio, incluido en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario del Estatuto. El profesor pasó un presupuesto de algo más de 12 millones, pero a finales de enero la Mesa le pidió que lo concretara con más detalle. Poco después, EL PAÍS publicó un reportaje sobre 'El atasco del Parlamento' en el que Sospedra criticaba el Reglamento de las Cortes y el 'abuso' que hace del mismo el grupo que tiene la mayoría absoluta. La presidenta de la Cámara, Marcela Miró, mostró su contrariedad por la opinión del profesor y dejó entrever que podría retirarle el estudio. Ayer, la Mesa confirmó el castigo al profesor.

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