Muerte en la secta

Se llamaba Raphaël y tenía 19 meses cuando murió, en abril de 1997, falto de cuidados médicos para el problema cardiovascular y el raquitismo que padecía. Vivía con sus padres, miembros de la orden apostólica Tabitha's Place, una secta cerrada que rechaza todo recurso a la medicina en nombre de una lectura fundamentalista de la Biblia. Sus creencias se han extendido desde Estados Unidos, donde surgieron, hasta alcanzar a un millar de personas en distintos países, España entre ellos, donde se estima que la secta dispone de una casa en el País Vasco.

Nada invita a pensar que la tragedia haya llevado a los padres a abandonar la comunidad. Hace unos días fueron condenados a seis años de prisión e ingresaron de inmediato en la cárcel. Esta situación les impide seguir viviendo en el castillo del siglo XVIII que el grupo posee a 60 kilómetros de Pau, en el sur de Francia. La familia tiene otro bebé: Rachel, hermana del fallecido, actualmente a disposición de un juez de familia, a quien toca decidir si lo entrega en custodia a uno de sus abuelos, que vive en Alemania, o a la abuela, que habita en Francia y ya tiene a su cargo a otros dos hijos de la misma pareja.

Todo cuando se ha escrito sobre las sectas toma cuerpo en esta terrible historia. Un caso en el que se demuestra hasta qué punto los niños son las primeras víctimas de este tipo de fanatismos. El padre del bebé fallecido, Michel Ginhoux, que hoy tiene 40 años, y su esposa Dagmar, de 38, creyeron que el niño sanaría de un modo natural, sin médicos ni intervenciones quirúrgicas. En un momento dado intentaron la salvación milagrosa. Y en todo momento han alegado que hicieron cuanto pudieron. En la vista judicial, incluso el padre aseguró que su esposa y él habían decidido someterse a una psicoterapia.

Pero en el castillo continúan viviendo una veintena de niños. Ninguno de ellos está vacunado ni escolarizado, según informan personas que conocen el funcionamiento interno del grupo. Los miembros de la comunidad creen malsano introducir un virus muerto en el cuerpo y alegan que ya escolarizan a los niños en su seno, por más que una inspección educativa descubriera, el año pasado, el estado lastimoso de sus conocimientos. La comunidad vive en ruptura completa con su entorno, lo cual no le impide mantener cierta actividad económica de tipo artesanal.

¿Qué puede conducir a la gente a negar asistencia médica a su hijo? En el caso de los padres de Raphaël, el juicio ha permitido entrever algo de sus vidas. Michel Ginhoux tuvo una infancia difícil, bajo la influencia de un padre que le obligaba a ser testigo de Jehová y que ejerció sobre él determinadas agresiones, que figuran en la causa y no es necesario detallar. Su mujer, de origen alemán, vivió una infancia burguesa, si bien bajo una abuela fanáticamente católica. La pareja se integró en la secta como quien empieza a vivir una infancia feliz, según el psiquiatra que ha prestado testimonio. Ningún miembro de la comunidad les aconsejó recurrir a la medicina, ni siquiera el padre de uno de los jefes espirituales, que era médico de profesión y estuvo procesado por denegación de auxilio. Falleció en 1999, antes de que se celebrara el juicio.

La vista se ha desarrollado ante un jurado. A sus miembros apeló el fiscal, François Basset, para que dieran 'un sentido a la muerte de Raphaël, para que mañana no haya otras'. Y argumentó que 'al dejar morir a Raphaël, afectado por una malformación cardiaca, cuando sabían que podían salvarle, los esposos Ginhoux pusieron sus convicciones, de manera egoísta, por encima de la esperanza y del interés de su hijo'.

El abogado de la pareja, Claude García, subrayó la anulación de la voluntad y de la capacidad de discernir que la presión de la secta había supuesto para sus clientes. Y el jurado optó por una solución intermedia entre ambas posturas: mantuvo la calificación de homicidio, pero atenuó la responsabilidad de la pareja en función del papel jugado por la secta. En vez de la pena de prisión requerida por el fiscal, que iba de 12 a 15 años, la condena firme ha sido de 6.

Para el resto de miembros de la comunidad que se niegan a vacunar a sus hijos y a escolarizarlos, el fiscal ha pedido entre cuatro y seis meses de cárcel. Pero la comunidad sigue donde está.