El fiscal pide 2 años a una guardia que mató a un hombre en un accidente

Los hechos que el ministerio público imputa a la guardia civil ocurrieron en la madrugada del 23 de enero de 2000 en la avenida Universidad de Alicante, en un cruce regulado por semáforos. En ese lugar colisionaron el vehículo conducido por la agente y el del joven Jaime Acame, de 23 años, que resultó muerto a consecuencia del impacto.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal señala que la guardia civil conducía 'bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva'. La acusada circulaba 'como mínimo a una velocidad de 105 kilómetros a la hora, cuando en dicho lugar aparecían claramente las señales de paso de peatones, cruce con prioridad, cruce regulado por semáforos y prohibido circular a más de 40 kilómetros a la hora'. La prueba de alcoholemia realizada a la agente dio un resultado positivo de 0,66 y 0,65 miligramos de alcohol por cada 1.000 centímetros de aire aspirado.

El fiscal imputa a la guardia civil un delito contra la seguridad del tráfico y otro de imprudencia grave y solicita una pena de 2 años de cárcel y otros tantos de privación del permiso de conducir. Además, fija una indemnización de 18 millones para los herededos de la víctima.

El fiscal también solicita una indemnización de tres millones de pesetas para la madre del hombre fallecido por las secuelas que le produjo la pérdida de su hijo. El ministerio público considera probado, que a raíz del fallecimiento del hijo, la madre presenta síntomas de depresión mayor y está diagnosticada de duelo y sometida a tratamiento psicofarmacológico y psicoterapeútico continuado.

Por otro lado, ayer comenzó en la Audiencia de Alicante el juicio por jurado contra un camionero, F. M. M., de 22 años, acusado de atropellar a un cliclista en Agost y luego darse a la fuga. Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 1998 en la carretera que une Novelda con Agost.

Tras el atropello, el ciclista, de 20 años, falleció a consecuencia de las heridas. El fiscal solicita dos años de cárcel para el procesado por los delitos de homicidio por imprudencia y y omisión del deber del socorro. En su declaración ante el tribunal el acusado negó los hechos.