'Recorte del principio constitucional de autonomía'
La junta de gobierno de la Politécnica de Valencia afirma que 'las universidades valencianas se convertirán en las instituciones del sector público más controladas y auditadas' y ve como 'una duplicación innecesaria la creación de una organización administrativa nueva en los consejos sociales'. Para UGT, el anteproyecto es 'socialmente regresivo' y 'supone un recorte del principio constitucional de autonomía universitaria' y para CC OO, de la Universidad de Castellón, 'el carácter intervencionista y el incremento de miembros del Gobierno causa extrañeza y estupor.
La Universidad de Valencia subraya también que 'las universidades no se oponen a una mayor supervisión', sino a la manera y a la intención que parece ocultar el texto legal, ya que 'las modificaciones no conllevan una gestión universitaria más eficaz'. Esta universidad sostiene que, paradójicamente, la función para la que fueron concebidos los consejos sociales -fomentar el mecenazgo y la búsqueda de financiación externa- se queda en pura mención, cuando éste es un problema irresuelto. Según un trabajo presentado y defendido por Antonio Martínez Ballarín y Fernando Gurrea en la Conferencia Sectorial de Secretarios de Universidades, celebrada en mayo de 1999 en Oviedo, los consejos sociales no han funcionado, no por falta de competencias, sino por 'método de trabajo', y menciona una encuesta realizada en 31 consejos sociales de las universidades españolas. 'En 24 casos, el consejo no ha obtenido ninguna financiación distinta a la universidad; sólo en 3 de entre 8 y 100 millones'. Es decir, aportaciones prácticamente nulas. Sin embargo, el aumento del 'control sobre la gestión del rectorado' suscita fuertes sospechas en todas las universidades acerca 'del uso y abuso de su discrecionalidad, cuando un rector aparezca incómodo al poder'. Valencia ya vivió en 2000 un ejemplo de ello cuando el actual director de Universidades, Salvador Forner, ordenó a la Sindicatura de Cuentas 'investigar' la gestión del entonces rector Andrés Pedreño basándose en una compra no autorizada de 531 millones de superávit para ampliar suelo universitario. El síndico no halló irregularidad alguna, pero sí detectó que el Gobierno valenciano inyectó ese mismo año 10.073 millones más sin justificar, que, paradójicamente, 'no había sido detectado por la Intervención General de la Generalitat'.
