El fallo del Constitucional de Guatemala obliga a Ríos Montt a dejar su cargo
Tal y como se esperaba, el Tribunal Constitucional de Guatemala declaró ayer que la modificación al artículo 16 de la Ley de Régimen Interior del Congreso (legislativo, unicameral), aprobada unilateralmente por el rodillo oficial y que permitía al presidente, el exgeneral golpista Efraín Ríos Montt, y a cinco miembros más de la Junta Directiva continuar en sus cargos a pesar de haber perdido la inmunidad por la presunta alteración de una ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, viola la Constitución guatemalteca. En consecuencia, el poder legislativo se ha quedado acéfalo y Ríos y 23 congresistas han sido despojados de sus escaños y puestos a disposición de los tribunales.
La especie, que circuló profusamente la noche (hora local) del martes, obligó a reuniones de alto nivel en el Gobierno, las que fueron particularmente visibles en la Casa Presidencial (sede oficial del Ejecutivo) y en el palacio del Congreso, donde el gobernante Frente Republicano Guatemalteco estudiaba la estrategia más adecuada para hacer frente a una crisis sin precedentes en la historia política de Guatemala.
Según abogados constitucionalistas, desde el momento en que el Tribunal Constitucional declarara anticonstitucionales las reformas a la Ley de Régimen Interior, todo lo actuado es nulo ipso jure, con lo cual cobra plena vigencia la ley tal y como estaba redactada con anterioridad a la modificación realizada por el rodillo oficial. Esto obliga a Ríos Montt y demás directivos a dejar los cargos.
La situación tiene ribetes tragicómicos. De acuerdo a la Ley del Congreso, corresponde a los vicepresidentes, en su orden, ocupar las vacantes de los desaforados, con lo cual la Presidencia del Legislativo correspondería a Zury Ríos, hija de Ríos Montt, asumir el cargo. En tanto, en el seno del Ejecutivo se estudia una urgente remodelación del Gabinete para que muchos de los diputados electos, quienes ocupan cargos ministeriales y secretarías de Estado, renuncien a los mismos con la finalidad de llenar las vacantes de los implicados.
Manipulación de una ley
El enredo legal arrancó el pasado 6 de marzo, cuando la Corte Suprema decidió despojar a Ríos Montt y a otros 23 diputados del partido oficial de su inmunidad parlamentaria. El motivo: la burda manipulación de una ley que grava la distribución de bebidas alcohólicas, cuyo texto, una vez aprobado en el pleno, fue modificado en la sombra antes de publicarse en el diario oficial. De poco sirvió la desaparición de los registros taquigráficos y otras pruebas: la grabación de la sesión que conservaba una periodista desencadenó el escándalo, conocido como Guategate.
Inasequibles al desaliento, los diputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) respondieron con otra iniciativa de dudosa legalidad: modificaron el reglamento del Congreso para permitir al general seguir al frente del Legislativo, a pesar del antejuicio. La Corte de Constitucionalidad obliga a que Ríos Montt y otros cinco miembros de la Junta Directiva dejen los cargos, pero no el escaño.
Sin poder disimular un evidente nerviosismo, los congresistas del partido oficial parecen dispuestos a aferrarse a cualquier argucia con tal de permanecer en sus escaños. Así, Luis Rosales, Primer Vicepresidente del Congreso, comentaba: "Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado anticonstitucional la reforma al Artículo 16, no puede entrar en vigencia la norma anterior. Se crearía un vacío legal que posteriormente tendría que ser subsanado por el Congreso", dijo al matutino local Prensa Libre, en una curiosísima interpretación de la irretroactividad de la Ley pregonada por el partido oficial.
En tanto, el opositor Partido de Avanzada Nacional (PAN, en el Gobierno durante la legislatura anterior) solicitó al Tribunal Constitucional que convoque a los 113 diputados a una sesión extraordinaria, para que éstos elijan a la nueva Junta Directiva.
Los opositores basan su petición en los artículos 70 y 71 de la Ley del Congreso, según los cuales las sesiones ordinarias del legislativo no pueden dar inicio si no están presentes en el hemiciclo, al menos, el Presidente y dos secretarios.En cualquier caso, observadores políticos y analistas de prensa coinciden en señalar que el gran perdedor es el general Efraín Ríos Montt, a quien se le hizo humo su consigna de "no robo, no miento, no abuso", mientras la corrupción del régimen provoca un daño enorme al ya debilitado proceso democratizador en Guatemala.
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