Jueces guatemaltecos denuncian amenazas en vísperas del juicio por el 'caso Gerardi'

La juez Barrios, que ha solicitado ya protección al organismo judicial, aclaró que de ninguna manera abandonará el caso. "Estoy haciendo mi trabajo como se debe. Por ello, camino tranquilamente por la calle y vivo como cualquier persona. Estoy dispuesta a seguir juzgando, pero exijo que se garantice mi seguridad y la de mi familia. Es lo mínimo que se puede pedir", dijo.

En cualquier caso, el acto de hostigamiento contra la juez Barrios añade tensión a un proceso largo y complicado. Según un estudio de la Fundación Mirna Mack, el proceso por el crimen del obispo Gerardi acumula índices elevados de intimidaciones y amenazas. Sólo el año anterior, el fiscal especial del caso, Leopoldo Zeissig, y cuatro de sus asesores fueron víctimas de intimidaciones. La juez Flor de María García, que dirige las investigaciones, fue perseguida por dos vehículos con vidrios tintados durante varios días. También a lo largo de 2000, seis de los pordioseros que dormían frente a la casa parroquial donde vivía Gerardi, posibles testigos del caso, aparecieron muertos en forma sospechosa. Las autopsias reflejaron intoxicación etílica.

Atrasar el proceso

Todo esto sale a la luz 24 horas después de que uno de los sospechosos de la autoría material del asesinato de Juan Gerardi, el capitán de infantería Byron Lima Oliva, expresara, en una entrevista inusualmente extensa publicada en el matutino local elPeriódico, en su edición del último domingo, que utilizará todos los recursos a su alcance para retrasar el juicio "tres, cuatro, cinco, seis meses". El objetivo inicial, explicó, es evitar a toda costa que una sola audiencia coincida con el aniversario del asesinato del prelado, crimen que el 26 de abril cumplirá tres años.

El militar, que admite enviar "mensajes subliminales" en sus respuestas, se quejó del poco apoyo que ha recibido del Ejército. "Me desespera la poca lealtad de mis compañeros (...) Ellos creen que nunca les puede pasar algo así", dijo Lima y añadió que él no es más que la punta de una mecha "que puede estallar debajo de un despacho, que podría ser el del ministro de la Defensa o del jefe del Estado Mayor presidencial", entidad esta última señalada por el Defensor del Pueblo, Julio Arango, la Iglesia católica y organizaciones humanitarias como la responsable de la autoría intelectual de la muerte del obispo.

En consecuencia con las palabras del oficial, sus defensores presentaron, a lo largo del lunes, varias acciones en los tribunales tendentes a alargar la fecha del inicio del juicio. Uno de ellas fue impugnar el nombramiento de la juez Jazmín Barrios como presidenta del tribunal durante las vacaciones del titular, Eduardo Cojulún. Sin embargo, la juez, que ha concedido amparos provisionales, puntualizaba ayer que el juicio sigue se curso normal.

Entretanto, la Iglesia católica, por medio del director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Mario Ríos Montt, pidió públicamente a los abogados de los militares que no continúen con sus acciones retardatorias, la última de ellas basada en que en el informe de la autopsia no se consigna correctamente la fecha y hora del crimen. "Es ridículo que los abogados pretendan valerse de ese dato, pues no se averigua la hora en que lo mataron, sino quién o quiénes cometieron el crimen", dijo Ríos, quien sustituyó a Gerardi al frente de la ODHA.

Por el crimen del obispo guardan prisión tres militares: el coronel retirado Byron Lima Estrada; su hijo, capitán Byron Lima Oliva, y el especialista (civil contratado por el Ejército para tareas específicas) Obdulio Villanueva; el sacerdote Mario Orantes, coadjutor de Gerardi en la parroquia de San Sebastián, y la cocinera de la casa parroquial, Margarita López, quien, por orden de Orantes, lavó la escena del crimen, con lo cual se perdieron muchas evidencias.