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El Gobierno quiere cerrar MoviLine para dar dos licencias más de móvil

La filial de Telefónica cuenta con 300.000 clientes y permite llegar a zonas aisladas en España

La desaparición adelantada de MoviLine despejaría parte del espacio radioeléctrico necesario para dar entrada a nuevos operadores en el mercado, pero ocasionaría graves problemas a los usuarios de la telefonía rural.

En la actualidad, Telefónica utiliza el espectro (el ancho de banda por el que circulan las ondas) de MoviLine para llevar el teléfono a zonas de difícil acceso en Galicia, Asturias, Cataluña y País Valenciano mediante un sistema conocido como TRAC. Una 270.000 personas en estas regiones tienen como único medio de comunicación esta tecnología (un teléfono móvil que funciona y se cobra como los fijos), pese a las reiteradas llamadas de los grupos parlamentarios de la oposición para que el Gobierno dé una solución y equipare sus condiciones de acceso a servicios como Internet a las del resto de España.

En principio, Telefónica Móviles se resiste a la desaparición acelerada de MoviLine, que ofrece servicios con tecnología analógica -con menos posibilidades que los sistemas digitales que emplean desde 1995 MoviStar y Airtel y desde 1999 Amena. Sin embargo, aunque la compañía no lo reconoce, implicaría un notable ahorro de costes, ya que MoviLine cuenta con menos de 300.000 clientes, que utilizan escasamente el teléfono, pero que requieren los mismos servicios de atención y distribución que los usuarios de MoviStar (más de siete millones).

Fuentes del sector señalan otras dificultades de carácter técnico para que el ministerio pueda disponer de los 14 Megaherzios (14Mhz) que ahora emplea MoviLine. Se refieren, en primer lugar, a un acuerdo en la Unión Europea por el que los países miembros tendrán que ceder 5Mhz a los ferrocarriles europeos para que puedan disponer de un sistema de comunicaciones y posicionamiento común. Mantener el sistema TRAC requiere otros 5 Mhz, aproximadamente.

En segundo lugar, subrayan que la utilización de ese espectro requeriría antenas y teléfonos especialmente adaptados a él, ya que ni los teléfonos GSM ni las antenas que se fabrican actualmente están adaptadas a esa banda de frecuencias.

Esas mismas fuentes afirman que el operador que consiguiera la licencia para utilizar ese espectro (menos de 5 Mhz) tendría que invertir unos 500.000 millones de pesetas para poder dar servicio y que su expectativa de mercado se reduciría a unos 500.000 clientes por las limitaciones de espacio. Advierten de que las nuevas licencias despertarán poco interés si el ministerio mantiene esta opción.

Sin embargo, frente a la resistencia de Móviles y otras operadoras, los técnicos de Ciencia y Tecnología están urgidos de espectro. La ministra se comprometió a conceder dos nuevas licencias de móvil en el primer cuatrimestre del año, lo que convertirá a España en uno de los países de Europa con más número de licencias de móviles GSM (cinco) pese al elevado número de clientes ya registrados (cerca de 25 millones de móviles en el mercado).

Efecto en los resultados

Móviles, Airtel y Amena han advertido de que su cuenta de resultados se verá seriamente afectada con la concesión de nuevas licencias y por la tasa por el uso de espectro radioléctrico que ha impuesto el Gobierno (160.000 millones de pesetas anuales durante 20 años) para compensar la diferencia de ingresos (87.000 millones de pesetas) obtenidos con las licencias de tercera generación (UMTS) respecto al Reino Unido (6,3 billones) o Alemania (8,4 billones). Las operadoras consideran que tasa va en contra de sus planes de inversión y, por tanto, mermará su capacidad para lanzar nuevos servicios de telefonía móvil.

Además, para que éstos sean una realidad, las tres operadoras consideran necesario disponer de todo el espectro radioeléctrico que el Gobierno les concedió en 1998 para explotar la tecnología GSM 1800. El Gobierno les ha cedido sólo una parte (11,4Mhz) y ha desatendido las demandas de las operadoras para que les conceda el resto (12,6) porque también cuenta con él para las nuevas licencias.

Telefónica y Amena, que han pagado 2.200 millones de pesetas cada una por limpiar la parte del espectro que tienen pendiente, han contestado al silencio administrativo recurriendo a los tribunales. Telefónica ha interpuesto un recurso de alzada ante Ciencia y Tecnología y Amena, uno contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Airtel dispone aún de algunos días para tomar medidas legales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de marzo de 2001