El Gobierno estudia imponer dos años de plazo a los dueños de edificios viejos para que los arreglen

La reflexión del presidente del Gobierno regional se produce tras los dos desplomes ocurridos, en un lapso de cinco días, en sendos edificios de la capital en los que se estaban realizando obras menores, en uno de ellos, y de rehabilitación y apuntalamiento, en el otro. En los derrumbes murieron tres personas. Tras los siniestros de la calle de Gaztambide y la calle del Factor, el alcalde, José María Álvarez del Manzano, planteó la posibilidad de derribar los inmuebles que no ofrezcan condiciones de seguridad suficientes para los ciudadanos.

La propuesta del regidor fue criticada por la oposición municipal. Tanto el PSOE como IU propondrán en el próximo pleno que se aplique a los inmuebles el mismo criterio que prevé la futura Ley del Suelo para los solares que estén dos años sin edificar. Es decir, que se expropien aquellos edificios cuyos propietarios dejan abandonados para especular con ellos.

'Lo que expresó Álvarez del Manzano es que tenemos que tener un equilibrio inteligente, como es la política del Ayuntamiento, entre la conservación y la seguridad', afirmó Ruiz-Gallardón. Según el presidente regional, 'hay que saber qué edificios deben ser conservados o en cuáles la seguridad de los ciudadanos está por encima de la ordenación de conservación, y eso es algo que la propia realidad cotidiana tiene que determinar'.

Al ser preguntado por la posibilidad de que un promotor pueda intermediar entre los empresarios que presenten sus proyectos y los propietarios de inmuebles que lleven dos años deshabitados, Ruiz-Gallardón explicó que se trata de casos distintos, ya que la Ley del Suelo se refiere a espacios vacantes, mientras que la rehabilitación de edificios 'es un título de seguridad' que adjudican las administraciones.

'Posibilidad interesante'

Tras subrayar que esta posibilidad no está contemplada en la legislación actual, el presidente regional añadió que le parece 'extraordinariamente interesante la posibilidad de intervención por parte de la Administración autónoma no sólo por título de salubridad y sanidad, sino también para evitar una retención especulativa de un edificio'.

Ruiz-Gallardón aseguró que pedirá a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que dirige Luis Eduardo Cortés, que realice una reflexión sobre este asunto, 'ya que podría ser un buen mecanismo para que no existan edificios no aptos para la vivienda, al tiempo que se protege el interés de sus propietarios para la rehabilitación no sólo a efectos de seguridad, sino para conseguir que el mercado de viviendas abarate su precio'. Cortés confirmó más tarde que su departamento estudiará esta idea.

Asimismo, y en materia de rehabilitación de edificios, el presidente de Madrid destacó que el Consejo de Gobierno de ayer acordó destinar cerca de 350 millones de pesetas para el acondicionamiento de un edificio situado en la calle de Valencia, número 17, en el barrio de Lavapiés.

Por otra parte, Ruiz-Gallardón se mostró de nuevo favorable a que la Operación Chamartín (construcción de oficinas al norte del paseo de la Castellana) 'se autofinancie', así como a que se generen los recursos necesarios para que no sea necesario recurrir a fondos públicos.