Asalto a la Sindicatura

Valga el tópico, máxime ahora que estamos en Fallas: El PP está utilizando una resolución sobre El Cabanyal emitida por la Síndic en funciones, Emilia Caballero, para incendiar la Sindicatura de Greuges. Los populares tienen la piel muy fina y cualquier crítica, por superficial que sea, les saca de sus casillas. Los orígenes de esta hipersensibilidad hay que buscarlos en la anterior legislatura y en el resultado de las últimas elecciones autonómicas. Durante el periodo 1995-99 la crisis interna de los socialistas hizo de las Cortes Valencianas un balneario en el que los populares se solazaban sin más sobresaltos que los derivados de alguna iniciativa aislada de Esquerra Unida o los coletazos de la agonizante Unión Valenciana al final de la legislatura. Aquella placidez vino a ser sustituida por una mayoría absoluta tan holgada que resulta imposible de digerir por el PP. De tal suerte que el centrismo moderado, santo y seña de los primeros cuatro años en el Consell, ha devenido en altivez y soberbia. Abotargados por el éxito, los representantes del partido en el gobierno se asombran por la existencia de una incipiente oposición o se rebelan cuando alguien osa llevarles la contraria. Las manifestaciones de su perplejidad oscilan entre el ninguneo (opción favorita del presidente Eduardo Zaplana, empeñado en reducir a 'anécdotas' o 'chascarrillos', cualquier opción disidente por razonada que esté) y la satanización del adversario, convertido a menudo en un traidor vendepatrias por la sencilla razón de mostrar su desacuerdo con las directrices del poder.

Ahora le ha tocado el turno a la Síndic de Greuges, condenada a la hoguera por emitir un informe contrario a sus intereses partidistas. Lo inaudito en este caso son los métodos utilizados, contrarios a los más elementales principios democráticos. De entrada, se le niega la presunción de inocencia, puesto que se la condena negándole el uso de la palabra e impidiendo que comparezca en las Cortes para que pueda explicar su gestión. A continuación se comete un presunto fraude de ley al violentar el reglamento de la cámara y la propia Ley de la Sindicatura para alcanzar una reprobación que se presenta como acuerdo del parlamento, cuando en realidad no es sino la expresión del resquemor de un partido que se siente ofendido porque Emilia Caballero no le baila el agua. Y, en el colmo de los despropósitos, la presidenta de las Cortes, actuando como una delegada del Consell, niega la palabra a los partidos de la oposición, en una decisión cuyos precedentes sólo pueden encontrarse en regímenes o actuaciones autoritarias. Métodos y prácticas más propios de la Inquisición que de una sociedad que se reclama democrática, plural y tolerante.

El acoso a la Síndic ha venido acompañado, como no podía ser de otra manera, por una catarata de descalificaciones a la actuación del portavoz socialista, sustentada en una acusación tan endeble como la de 'machista'. Ahora bien, que la acusación sea ridícula no significa que Andrés Perelló estuviera acertado en sus manifestaciones. Su afición a la pirotecnia verbal y su gusto por el tremendismo le llevaron a pronunciar frases que no son de recibo. Pero la cortina de humo que pretende tender el PP para ocultar el fondo de la cuestión demuestra hasta qué punto es consciente de la fragilidad de su posición.

La colusión entre la Síndic y el Consell ha provocado una crisis que puede arramblar con la institución y extenderse a otros ámbitos en los que son necesarias las mayorías cualificadas. No se puede pretender asaltar impunemente la Sindicatura de Greuges sin más razones y motivos que los partidistas, porque ello supone la deslegitimación, ahora y en el futuro, de la institución que se pretende defender. La actuación del PP en este punto ha puesto al descubierto el déficit democrático de algunos de sus más cualificados dignatarios, especialmente el de la presidenta de las Cortes Valencianas, impropia de quien tiene que velar por el equilibrio y la limpieza democrática.

El PP es consciente de que lo que se ventila estos días no es la continuidad o no de Emilia Caballero al frente de la Sindicatura, sino la existencia de la propia Sindicatura. Objetivo último, tal vez, de una estrategia que no duda en utilizar métodos predemocráticos para estrangular una institución que no pueden controlar por mucha mayoría absoluta que dispongan.