Propuesta de reforma penal en Brasil para evitar la violencia en las cárceles

Las propuestas de alteraciones presentadas por el Ministerio de Justicia al Parlamento a la actual legislación que rige en Brasil son 150. Dichas propuestas amplían fuertemente los poderes del Ministerio Público, disminuyen la autonomía de la policía en las investigaciones y prevén un plazo máximo de 30 días para la conclusión de una pericia policial tras el hecho delictivo, con el objetivo de agilizar las interminables investigaciones actuales.

También cambian la fianza irrisoria por crímenes con condenas superiores a cuatro años, que ascienden hasta a 1,8 millones de euros.

Privilegios

El nuevo texto acaba con toda una serie de privilegios concedidos hoy a los presos especiales, que son los que acaban organizando los motines en las cárceles ya que disponen de todos los instrumentos de la tecnología para comunicarse con el exterior y, por supuesto, con armas y drogas.

Pretende terminar también con las visitas fuera del horario determinado; los presos no podrán recibir nada del exterior, ni siquiera comida, teléfonos o aparatos electrónicos de cualquier género.

Asimismo, cambia el método de interrogatorios de la policía y la presencia de los abogados en dichos interrogatorios. Actualmente se necesitan cuatro interrogatorios de la policía antes de que el caso pase al juez. Ahora bastará uno.

En realidad, lo que ocurre es que la actual legislación deja todas las grietas abiertas para que se introduzca la corrupción a todos los niveles.

Los verdaderos delincuentes no llegan nunca a la cárcel o acaban saliendo al poco tiempo o viven dentro como reyes. Hay cárceles en las que los traficantes de drogas cuentan con restaurantes propios y reciben todo tipo de objetos. Ellos controlan la vida interior de las prisiones.

Según el ministro de Justicia, José Gregori, a lo que aspira el cambio del Código Penal es "dar una respuesta rápida al aumento de la criminalidad". Mientras en Estados Unidos, según el ministro, existen 2,2 millones de detenidos para una población de 280 millones, en Brasil, con una población de 170 millones, existen sólo 220.000 presos, que además están hacinados en pocas cárceles. Según el ministro, Brasil debería tener en la cárcel a un número cuatro veces superior al actual.

Y la culpa es de la actual legislación. Baste pensar que en São Paulo, el Estado donde están ocurriendo las mayores acciones violentas en las cárceles, el pasado año sólo un 13% de delitos registrados policialmente se transformó en procesos llegados a la Justicia. El actual Código de Procesamiento Penal fue elaborado en 1941 durante la dictadura de Getulio Vargas.

Algunos artículos habían sido enmendados después de Vargas para acomodarlos a la nueva democracia. Con la llegada de los militares al poder en 1967, volvieron a incluirse normas muy rígidas y severas. De este modo, el texto quedó anacrónico cuando llegó la nueva Constitución del año 1988.

Desde entonces, se había intentado en vano hacer una reforma a fondo que se veía siempre paralizada por toda una serie de intereses privados del sector.