La justicia exculpa a Siurana por el 'caso Seinsa', pero indica que puede haber delito

Siurana no tiene responsabilidad penal en el caso Seinsa, pero otras personas pudieran haber cometido un delito de malversación de caudales públicos. Ése es el pronunciamiento que ayer hizo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en un auto que exculpaba provisionalmente al alcalde de Lleida, Antoni Siurana, tras casi dos años de investigación, por el supuesto pago de unas encuestas de contenido político que el Ayuntamiento habría pagado con fondos políticos. La realización de esas encuestas fue encargada supuestamente a la empresa Seinsa, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras.

En el caso están inculpados también el coordinador del área de Hacienda del Ayuntamiento de Lleida, Andoni Ferrero, y el jefe del gabinete de la alcaldía, Xavier Maurel. Al ser Siurana diputado en el Parlamento de Cataluña, el caso ha sido instruido por el TSJC y si se confirma la resolución de ayer, las diligencias irán a parar a un juzgado de Lleida para que investigue la responsabilidad de esos dos inculpados o de otros que pudieran aparecer durante la investigación.

En síntesis, el TSJC afirma que la gestión local de un municipio como el de Lleida presenta 'indudables complejidades' y un alcalde no tiene por qué ser responsable 'y mucho menos penalmente' de las actuaciones de todos sus funcionarios. La decisión judicial recuerda que el propio Siurana declaró no haber participado personalmente en la realización de las preguntas de contenido político hechas por Seinsa y que no supo que se hicieron las encuestas hasta que se presentó la denuncia.

Esa versión fue avalada también ante la justicia por el propio Xavier Muriel, quien afirmó que 'en ningún momento' comentó con Siurana que las encuestas contuvieran preguntas de contenido político. El gerente de Seinsa también declaró en la fiscalía que Siurana no le dio nunca ninguna instrucción y que sus únicos interlocutores eran Ferrero y Muriel. En ese mismo sentido declaró Àngels Pont, la persona que redactó personalmente las preguntas de las encuestas.

Por todo ello, el Tribunal Superior concluye que 'se han difuminado los indicios de que el alcalde de Lleida tuviera una participación directa en este presunto desvío de unos fondos públicos'. El TSJC precisa que ahora corresponde a un juez ordinario seguir investigando para concretar 'de manera satisfactoria' cuál era el conocimiento exacto que tuvo Siurana de las encuestas. De ahí que el TSJC acuerde el sobreseimiento provisional, que no definitivo, de la causa para Siurana, tal como había solicitado la fiscalía.

Persistencia de indicios

Para el TSJC 'subsisten plenamente' los indicios de que se produjo malversación de caudales por personas distintas a Siurana, por lo que ha de seguir investigándose la posible participación que pudieron tener Ferrero y Maurel.

El origen de esta causa data de abril de 1999, cuando el entonces concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Ayuntamiento de Lleida Xavier Sáez denunció en la fiscalía un supuesto delito de financiación ilegal del PSC a través de la realización de esas encuestas. La fiscalía envió el caso al TSJC y después trascendió que Seinsa firmó en 1993 un contrato con el Ayuntamiento de Lleida prorrogable por 10 años para la concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza de la ciudad. Una claúsula de ese pacto preveía hacer campañas y sondeos de opinión para conocer qué pensaban los ciudadanos sobre ese servicio y entre 1994 y 1998 se realizaron cinco sondeos que costaron cinco millones y medio de pesetas. El TSJC considera probado que se aprovecharon esas encuestas se para incluir preguntas de carácter electoral.