El asombro del talibán navarro

El pasado 23 de diciembre, Manuel Pulido, asesor jurídico del presidente del Gobierno de Navarra, publicó un artículo titulado La curiosidad del jurista persa en el que sostenía que el Decreto Foral 372/2000, que regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas, era adecuado a la ley y a la realidad lingüística de Navarra.

Posteriormente, el Gobierno de Navarra ha publicado tres acuerdos referidos a planes de actuación sobre el uso del vascuence en las zonas vascófona y mixta y a la regulación del conocimiento de idiomas en los baremos de méritos en la oferta pública e empleo. El objetivo es frenar la expansión del euskara despojando de sus derechos lingüísticos a los ciudadanos de las zonas mixta y no-vascófona y limitando la cooficialidad de la zona vascófona. Al mismo tiempo desaparece el vascuence como requisito de cualquier puesto de trabajo oficial (excepto para traductores y enseñantes en euskera, ¡valga la perogrullada!) y en los concursos de méritos, globalmente, puede tener menos valor que el inglés, el francés o el alemán, ya que éstos se podrán valorar en todas las convocatorias de oferta pública de empleo, mientras que la lengua vasca sólo en determinados casos.

Argumentaba el asesor Pulido, por boca de su ficticio jurista persa, que 'la legislación de desarrollo de la Ley de Amejoramiento del Fuero -especie de Estatuto de Autonomía para Navarra que todavía no ha sido sometida a votación popular-, en concreto su artículo 9, había sido en parte desnaturalizado' por la posterior Ley del Vascuence (1986) y por un decreto de 1994 del propio Gobierno de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Lo que ocultaba Pulido era que la propia Ley de Amejoramiento del Fuero no recogía la declaración del Parlamento de Navarra de 1980 que establecía que 'el castellano y el euskera serán las lenguas oficiales de Navarra. Dicho principio se incorporará a las bases de Reintegración Foral y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -la futura Ley de Amejoramiento de 1982-, así como la competencia plena del Parlamento Foral para su regulación por medio de una Ley'. Tampoco mencionaba que UPN se opuso a la propia Ley del Vascuence, así como los nacionalistas vascos, que pretendían la cooficialidad del euskera y el castellano.

El Gobierno de Navarra justifica estas medidas como 'correctoras' de la 'discriminación' que sufrían los no vascoparlantes, como consecuencia de su anterior decreto de 1994. La realidad es que, en sus seis años de vigencia, de más de 12.000 trabajadores públicos, no llegan al centenar los que han accedido con el requisito del euskera (excluidos, lógicamente, enseñantes y traductores). Simultáneamente, tal y como recogen los planes de actuación, se han comenzado a desmantelar señales viarias, anuncios, papelería, imagen corporativa y demás expresiones públicas bilingües por otras sólo en español.

En consecuencia, se está produciendo una situación de tensión que en nada beneficia la convivencia social y que ha sido denunciada desde todas las instancias sociales, culturales y políticas navarras, no sólo nacionalistas (con la lógica excepción de UPN) y por la Asamblea General de la Oficina Europea de Lenguas Minorizadas reunida en Dublin el 3 de febrero. También se han presentado diversos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En estos días, el mundo no sale de su asombro ante la amenaza, por parte de los talibanes afganos, de destruir las estatuas de Buda y otras muestras del patrimonio cultural no musulmanes. No podemos obviar la analogía con la actitud y actuación del Gobierno de Navarra respecto a la lengua vasca, poseedor del dudoso mérito de ser el único gobierno que legisla contra su propio patrimonio, tal y como denuncia la citada Oficina Europea.

Según muestran los propios estudios y encuestas sociolingüísticos del Gobierno de Navarra, la aceptación social y la expansión voluntaria del euskera iba aumentando progresivamente. Así, por ejemplo, a pesar de las limitaciones impuestas por la ley, el porcentaje en la matriculación de niños de 3 años en modelos educativos en euskera ha pasado de ser el 21% en 1989 al 32% en 2000, mientras que el de matriculados en modelos que ofrecen la lengua vasca como asignatura ha pasado, en las mismas fechas, del 8% al 30%.

De hecho, en 1995 el Partido Socialista y el nacionalista Eusko Alkartasuna presentaron en el Parlamento de Navarra un proposición para que, en la práctica, desapareciese la zona no-vascófona y fuese posible, en la práctica, una situación de bilingüismo voluntario en todo el territorio navarro. La propuesta no prosperó al no contar con el apoyo de UPN ni de Herri Batasuna (que defendía la cooficialidad).

Se produce una situación paradójica: mientras el voto nacionalista se estanca o desciende (según el tipo de elecciones), aumentan las actitudes favorables a la lengua vasca y el número de vascoparlantes. La práctica social rompe en Navarra la estrategia política de UPN y del PP de criminalizar el nacionalismo y la cultura vasca, a pesar del efecto negativo y distorsionador de la organización terrorista ETA.

Lo que realmente molesta a UPN parece ser que, a pesar de todas las trabas que pone su Gobierno a la libre expansión del vascuence, la sociedad navarra está apostando por el bilingüismo voluntario, más allá de las restricciones legales y administrativas. En el fondo no es más que otra muestra de su miedo al pluralismo político y cultural por el que opta la ciudadanía. Claramente lo señalaba el señor Pulido: 'La reforma es de carácter puntual (!) y tiende a corregir bien los excesos o ultra vires en que incurrió la legislación anterior, bien en resolver problemas de aplicación indebida o expansiva del vascuence en una Comunidad que no es bilingüe salvo en las zonas vascoparlantes'. Queda claro que el asesor del presidente desconoce que hay más vascoparlantes en Pamplona y su comarca que en la denominada zona vascófona. Lo que no menciona es que el Gobierno de Navarra pretende ejecutar vía decreto lo que no pudo conseguir durante la tramitación de la Ley del Vascuence: encerrar el euskara y la cultura vasca en un gueto.

Incluso han vuelto aflorar algunos demonios de la derecha navarra más integrista, como el hecho de acusar a los partidos CDN e IU de 'nacionalistas encubiertos' (en el más rancio estilo del franquista contubernio judeomasónico) o de tachar de 'filoetarra' la manifestación pacífica y festiva del 24 de febrero, que congregó a más de 20.000 ciudadanos contra las medidas del Gobierno.

Parece claro que la intención de UPN es frenar el desarrollo voluntario de normalizar el euskara, sobre todo en tres funciones básicas (la administrativa, la docente y la simbólica), en las que se estaba practicando una cierta normalización, a pesar del propio Gobierno. Cualquier situación de tensión social beneficiaría su estrategia frentista (también la de ETA y su voluntad totalitaria).

Una respuesta inteligente pasa por recuperar un amplio consenso social y político que, sin ningún tipo de imposición, respete la voluntad ciudadana y ponga las instituciones públicas al servicio de todos los navarros. Hoy día, parece que la ciudadanía lo entiende mejor que sus propios representantes políticos.

El asesor jurídico Pulido concluía su reflexión: 'Cualquier lector no apasionado y sobre todo que no considere el vascuence como un derecho colectivo de un pueblo, podrá discutir un ápice la oportunidad y legalidad del decreto foral'. La sociedad navarra está hablando al mostrar su rechazo masivo al decreto y a los acuerdos del Gobierno de UPN. Los tribunales, esperemos que lo hagan sin tardanza.

José Luis Mendoza es profesor de Lengua y Literatura vascas en Pamplona.