El presidente del CES recomienda revisar la ley de siniestralidad laboral y mejorar la prevención

El Gobierno no toma todas las medidas necesarias para afrontar el grave problema de la siniestralidad laboral. Ésta es la principal conclusión del informe de Federico Durán, presidente del CES (Consejo Económico y Social) elaborado como encargo personal del presidente del Gobierno, José María Aznar. El documento subraya que el actual marco legal de prevención de riesgos es 'prolijo, disperso y complejo'. Por ello recomienda modificarlo, aunque advierte de que el cumplimiento de la ley no basta para frenar una siniestralidad que duplica la media europea. Es necesario mejorar la prevención.

Aznar dio al presidente del CES total libertad para elaborar una radiografía 'independiente' de una de las lacras del mercado laboral: los accidentes de trabajo, que el año pasado causaron 1.133 muertes y 935.359 siniestros, con un gasto total para las arcas públicas de dos billones de pesetas. Durán ha respondido a esa invitación reconociendo que el problema es grave y que, incluso, 'la cifra de accidentes mortales se encuentra subestimada' y la información sobre siniestros 'sistemáticamente subestima el número de los graves'.

El informe Durán apunta una batería de medidas para hacer frente a la creciente siniestralidad laboral en España. En síntesis, insta al Gobierno a modificar las leyes, reformar el sistema de inspección de trabajo dotándolo de más recursos, vigilar la relación entre la inestabilidad del tipo de contrato y la probabilidad mayor de accidentes.

Una de sus conclusiones es que 'los [trabajadores] temporales soportan una incidencia mayor' de accidentes laborales. Destaca que 'en el periodo 1989-99, la incidencia fue dos veces más alta entre los asalariados con contrato temporal que entre quienes tenían contrato indefinido'. En esta línea, propone 'prestar atención especial a la regulación actual de las subcontrataciones y de las empresas de trabajo temporal (ETT)'. Para un mayor control de este sector empresarial, defiende 'modificar' el modelo de partes de accidentes para conocer mejor las causas e identificar a trabajadores cedidos por una ETT. También pide 'extender el régimen de deberes de coordinación entre ETT y empresa usuaria' a las relaciones entre contratas y subcontratas con la empresa que encarga los servicios.

Mejorar la inspección

Reforzar la inspección es otra de las tareas que recomienda el informe Durán. Esto ha de hacerse a través de un 'nuevo modelo organizativo del sistema de inspección de trabajo, dotándolo de los suficientes recursos humanos, técnicos y presupuestarios'.Todo ello para que vigilen y controlen que la ley se cumple, algo que los sindicatos han denunciado con reiteración.

Además del respeto a las normas vigentes, el presidente del CES pide unificar una legislación ahora dispersa y fomentar su divulgación entre las empresas y los trabajadores. El cambio legal debe extenderse a hacer más sencillo el régimen normativo de responsabilidades y sanciones por incumplimiento.

Durán cree necesario intensificar la prevención. 'Para asegurar una adecuada política de prevención (...) han de sumarse otro tipo de actuaciones que implican, principalmente, a empresarios, trabajadores y poderes públicos, pero también a toda la sociedad en su conjunto'. Una vía apuntada en el informe es que los convenios colectivos pongan 'especial atención' al tiempo de trabajo y a los descansos, 'pues todos sus elementos guardan, sin duda, relación con los problemas de seguridad y salud en el trabajo', en clara referencia a los accidentes en el puesto de trabajo y a los ocurridos en el trayecto a casa después de una prolongada jornada laboral.

Para divulgar no sólo las leyes sino también una eficaz estrategia de prevención de riesgos, el presidente del CES aconseja establecer un presupuesto específico para formación a empresarios y trabajadores, sobre todo para los más jóvenes, y redoblar los esfuerzos dentro de la formación continua.

El documento sugiere asimismo una modificación del sistema de pago de la protección social derivada de los accidentes laborales con baja. Propone atribuir al empresario el pago de la prestación económica por incapacidad temporal durante el periodo inicial de la baja, con una reducción equivalente de sus cotizaciones por riesgos profesionales. Esto, sin elevar el coste de las bajas a los empresarios, sí permite identificar a aquellas empresas con más alta siniestralidad laboral.

Junto a ello, aconseja una indemnización adicional para el trabajador que sea despedido por causas objetivas debido a un peligro para su salud derivado de su trabajo.

El análisis concluye que existen sectores y actividades profesionales con un riesgo especialmente alto. Por ello apunta que se elaboren estudios específicos para reducir la siniestralidad en pesca, minería, fabricación de productos minerales y de productos metálicos, muebles, construcción y transporte terrestre.