El Síndic de Greuges critica duramente la política de integración escolar de los inmigrantes en Cataluña

El síndic de greuges, Anton Cañellas, entregó ayer al presidente del Parlament, Joan Rigol, su informe correspondiente al año 2000, del que sólo se ha dado a conocer un resumen. El informe contiene un anexo específico dedicado a la inmigración, aunque la oficina del Síndic no facilitó ayer su contenido.

Cañellas se ve obligado a 'insistir' en la necesidad de 'asegurar la integración de los alumnos inmigrantes en los centros docentes sostenidos con fondos públicos por medio de una distribución que impida o palíe la concentración de estos alumnos en determinados centros y la guetización que este hecho comporta'. El Síndic considera que la Generalitat no hace lo suficiente y señala que 'el Decreto 56/2001 del 20 de febrero, por el que se establece el régimen de admisión de estos alumnos, es un paso tímido, parcial y, por tanto, poco decisivo para conseguir la integración efectiva de los alumnos inmigrantes'.

El decreto redactado por el Departamento de Enseñanza es prácticamente igual al de los últimos años, con la variante de que establece que deben reservarse cuatro plazas en cada clase o grupo para 'alumnos con necesidades educativas derivadas de situaciones sociales y culturales desfavorecidas', un eufemismo que se refiere básicamente a la presencia de alumnado procedente de la inmigración. Enseñanza abre la posibilidad a que las delegaciones territoriales amplíen este número en función de las necesidades y permite que las comisiones de escolarización de alumnos, que deben informar a los padres sobre sus derechos y asesorarlos a la hora de escoger centro, tengan continuidad a lo largo de todo el curso en las zonas en que haya 'un número importante' de este tipo de alumnos.

El Síndic insiste en la falta de interés de la Generalitat en este asunto. Según el informe, se echa en falta 'una implicación más activa del Departamento de Enseñanza en el establecimiento de mecanismos para luchar contra el absentismo escolar, que garantice el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades de los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales y asegure la supervisión del funcionamiento de los centros docentes para garantizar la calidad de la educación'. El informe propone la elaboración de una ley de educación catalana que 'sirva de guía a la actuación del Departamento de Enseñanza'.

El decreto de matriculación se ha convertido desde hace ya varios años en la piedra de toque de la política de integración escolar de Enseñanza. Sindicatos, asociaciones de padres y, en general, el mundo educativo consideran que tal y como está redactado favorece la concentración de los alumnos inmigrantes en determinados centros públicos que se van convirtiendo en guetos, ya que paralelamente los centros privados concertados seleccionan su alumnado. Se trata de hecho de un proceso de claros tintes xenófobos. Conforme los inmigrantes ocupan una escuela pública, los hijos de las familias locales se van a las escuelas concertadas. El año pasado Enseñanza asignó en ellas dos plazas para estos alumnos, lo que provocó el rechazo de la patronal de la Iglesia católica, que exigía compensaciones.

Los sindicatos insistieron ayer en sus críticas al decreto. 'Llevábamos diciéndolo por activa y por pasiva', manifestó Luz Jabardo, de CC OO. 'El de este año es una copia exacta del decreto del año pasado. Para este viaje no necesitábamos alforjas. USTEC-STE, por su parte, considera que Enseñanza utiliza el argumento del 'derecho de los padres a escoger centro' para favorecer a los centros privados concertados aumentando la partida presupuestaria que destina a los conciertos educativos, en detrimento de la financiación de la escuela pública. El Departamento de Enseñanza, por su parte, rechazó ayer pronunciarse sobre las críticas de que es objeto en el informe del Síndic de Greuges.