El British lleva al juzgado al Consistorio de Alicante

Tres años de desencuentros y reproches mutuos concluyeron en un estrepitoso fracaso para uno de los proyectos educativos privados más ambiciosos de Alicante: la implantación del British Council en esta ciudad, en unas instalaciones construidas por el Club de Inversores. El centro tenía que abrir el pasado septiembre, pero permanece cerrado. El inmueble se construyó aunque, según el British, no se ajusta a lo acordado. Las partes resolvieron el contrato y han acudido al Arbitraje de Derecho. Mientras, el British ha decidido implicar en la batalla al Ayuntamiento y ha presentado un recurso contencioso de impugnación de la licencia de apertura y ocupación del colegio.

El laberíntico proceso para abrir un colegio del British Council en Alicante se remonta a mayo de 1997. Entonces, el colegio británico firma un acuerdo con el Club de Inversores de Alicante (ente que aglutina a 65 destacados grupos empresariales de la provincia). El contrato estipulaba que el Club de Inversores construiría un colegio, que luego cedería en régimen de alquiler a la institución académica Británica.

Inicialmente, ambas partes estaban plenamente convencidas de la iniciativa. Los ingleses consideraban el colegio de Alicante como la punta de lanza para una ulterior expansión del British Council en el extranjero. 'Para nosotros, el colegio de Alicante era básico', dice Tim Chapman, delegado del British para este proyecto. Por el bando local, el Club de Inversores contaba con el respaldo del Ayuntamiento y de la Generalitat, dada la oportunidad de la iniciativa para satisfacer la demanda existente en la ciudad sobre este modelo educativo.

La primera fricción entre la delegación inglesa y los promotores alicantinos, surge a finales de 1998. El motivo fue el cambio de solar donde se tenía que levantar el colegio, en la zona de Agua Amarga, al sur de Alicante. Los terrenos previstos inicialmente fueron expropiados por la Generalitat como reserva de suelo para el macroproyecto de la Ciudad de la Luz. A cambio, y por medio de un rocambolesco convenio, se elegió una parcela, de 20.000 metros cuadrados, fuera de los terrenos de la Ciudad de la Luz como lugar para construir el el centro. El convenio establece que si en el plazo de tres años el inmueble no se usa para fines docentes, el Club de Inversores permitirá a la Ciudad de la Luz la implantación en el lugar equipamientos de interés general.

El cambio de los solares, y la firma del correspondiente convenio urbanístico, extremo que se materializó en marzo de 1999, acarreó el primer retraso en la construcción del colegio y desató las hostilidades entre la institución docente británica y el Club de Inversores. Pese a todo, los ingleses accedieron a la firma y se fijó como plazo de entrega del centro septiembre de 2000. Las obras comenzaron a finales de 1999, y el 1 de septiembre de 2000 el Club de Inversores entregó el colegio al British Council. Los ingleses rechazaron la obra y mediante acta notarial alegaron que 'no cumplía los aspectos contractuales'. 'En todo el proceso, todo han sido trabas y retrasos intencionados para obligarnos a abandonar el proyecto', dicer Tim Chapman. El Club de Inversores, por medio de su presidente el empresario José Orts, mantiene la tesis contraria: 'La obra cumple lo pactado. Los ingleses ya habían dedido con antelación no instalarse en Alicante', explica.

La delegación inglesa también acusa al Club de Inversores de boicotear las sugerencias de los técnicos del British en el desarrollo de las obras. Orts igualmente rechaza la denuncia. 'En princio había codirección de obra. El British lo desechó y optó por la vigilancia de la ejecución de la obra', dice. El Club de Inversores adjunta para ello las actas semanales de obra firmadas por el arquitecto y aparejador designados por el British.

El British sostiene que ha habido una premeditación por parte del Club de Inversores en connivencia con las autoridades locales y autonómicas para forzarles a dejar el proyecto. 'Hemos aceptado dos prórrogas en la entrega del colegio, y lo nos dan como acabado no se ajusta a lo pactado. Nos han ocasionado perdidas económicas y un importante desprestigo para la imagen de nuestra institución', argumenta Chapman. 'Los ingleses tenían decidido ya a principios de 1999, coincidiendo con el cambio de gobierno en Inglaterra, que conllevó el cambio del consejo de administración del British, que no les interesa el proyecto y, desde entonces, se dedicaron a torpedar la obra', responde Orts. 'Una prueba de su cambio de actitud es que en febrero de 1999 nos plantearon romper el contrato o que lo explotaramos en régimen de franquicia', concluye.