Múgica pide que no se eche a un kosovar hasta saber quién le contrató ilegalmente

El defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha pedido al Ministerio del Interior que ponga en libertad a Alexandros P. G., un kosovar de 24 años ingresado desde el 19 de febrero en el centro de internamiento de extranjeros de Moratalaz, la antesala de la expulsión de España, tras ser detenido por carecer de permiso de residencia y portar documentación falsa.

Múgica recuerda que el inmigrante 'fue arrestado tras sufrir graves lesiones al caerse del andamio de una obra donde fue contratado ilegalmente' -ya que se trata de un sin papeles que no puede ser contratado- y reclama que no se le expulse 'hasta que se esclarezcan las eventuales responsabilidades penales por la contratación ilegal del inmigrante y por las condiciones de seguridad en que desarrollaba su trabajo'.

El defensor considera que 'para una eficaz lucha contra la inmigración ilegal resulta tan importante como el mero control de fronteras la persecución de la contratación ilegal de inmigrantes'. Destaca que el número de inspecciones laborales realizadas en España

4.226 el año pasado según sus datos, 'contrasta gravemente' con la cifra de inmigrantes sin papeles (sólo a la regularización se presentaron 226.000).

Para paliar esta situación, el defensor 'considera imprescindible que los beneficios previstos por la ley para los inmigrantes que denuncian redes de tráfico ilegal se extiendan a aquéllos que denuncien una contratación laboral en condiciones discriminatorias o ilegales'.

Alexandros P. G. sufrió un accidente laboral el 12 de febrero, según informó ayer el diario El Mundo. Al día siguiente acudió al hospital Montepríncipe, de Boadilla del Monte. Miembros del equipo del doctor Nieva, que le atendió, explican que se le diagnosticó una fractura de peroné que 'podía operarse o no, según él decidiera'.

'Intervención no urgente'

'La intervención quirúrgica impide que surjan deformidades, pero hay quienes prefieren no entrar a quirófano. Le aclaramos que no era una operación urgente. El 16 de febrero regresó y, por si se decidía, le dijimos que el equipo operaba ese fin de semana', añaden las mismas fuentes. El inmigrante, al no estar empadronado en Madrid, carecía de tarjeta sanitaria del Insalud, pero, según su abogada, Helena Echeverri, tenía las 400.000 pesetas que le costaba operarse. El mismo día fue detenido, y el 19 de febrero el Juzgado de Instrucción número 12 ordenó su ingreso en Moratalaz.

Echeverri recurrió el internamiento para que Alexandros P. G. fuera trasladado a un hospital 'por una cuestión humanitaria, porque el centro de Moratalaz no es un lugar adecuado para alguien que sufre constantes dolores'. 'Además', añade la letrada, 'él asegura que tenía cita para operarse el 17 de febrero'.

Portavoces de la Jefatura Superior de Policía dicen que este interno 'ha sido trasladado tres veces al hospital Gregorio Marañón desde Moratalaz y lo más que le han recetado son calmantes, por lo que su estado no debe de ser tan grave'.