El PP mejoró las ventajas del solar de la familia del concejal de urbanismo al corregir 'errores' del PGOU

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón subsanó errores materiales de la unidad de ejecución número 12, sobre la que se levanta la fábrica Azulejos Gómez, cuyo solar era propiedad de la familia del concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, cuando se aprobó el Plan General del Ordenación Urbana (PGOU). Este plan recalificó y reclasificó esa unidad de ejecución, que pasó de industrial a urbanizable residencial, con una edificabilidad mayor que la de los solares colindantes. Alberto Fabra alegó el lunes la existencia de un 'error material' para justificar la ventaja que el PGOU otorga a los terrenos de su familia al establecer que han de ser los primeros en urbanizarse, pese a que son los más alejados del casco urbano. El responsable del urbanismo castellonense mantuvo que el orden de urbanización que debería haber marcado el Plan de Ordenación era justo el contrario del que indica el texto. Además, dijo que trataría de subsanar el 'error' y aludió a un informe técnico que incluye la detección de veinte equivocaciones de este tipo.

Sin embargo, en el pleno de enero de 2000 se aprobaron modificaciones del proyecto de revisión del plan general, entre las que se incluía la corrección de 'errores materiales' sobre una docena de unidades de ejecución, entre ellas la número 12. Tras ese pleno, en el que se aprobó definitivamente el documento, la ventaja para el solar que era propiedad de la familia de Alberto Fabra aumentó, ya que se redujo la superficie destinada a zona verde, dotacional y de servicios, de 17.905 metros cuadrados a 15.434 y se cambió la indicación de que la ejecución de la unidad fuese previa 'y' simultánea a la del sector 01 por la precisión de que fuese previa 'y/o' simultánea.Alberto Fabra votó en tres plenos en los que se trataron circunstancias concernientes a los terrenos de su familia. En ningún caso se abstuvo o advirtió de que había intereses familiares implicados en la votación. El primero de ellos fue en abril de 1998, cuando Fabra aún no era era responsable del área de urbanismo, y votó de forma favorable la exposición pública del borrador del Plan General de Ordenación Urbana, en el que el citado suelo pasaba a ser de industrial a urbanizable residencial con una edificabilidad mayor que la de sus vecinos. Después Fabra votó, también a favor en mayo de 1999, cuando salió adelante la aprobación provisional del PGOU. En enero de 2000, fecha en la que ya ejercía de responsable de urbanismo, también participó en la votación referente a las modificaciones que la administración autonómica obligó al ayuntamiento a realizar respecto al planeamiento urbanístico. En este pleno, Fabra defendió la postura del PP en la que se incluía la corrección de errores materiales en la unidad de ejecución en la que su familia poseía un solar.

Según el acta del pleno de aprobación provisional del plan, el entonces responsable de Urbanismo, Víctor Falomir, realizó especial hincapié en la conexión con el oeste que, según dijo, 'ha sido la más difícil'. Falomir aludió al planeamiento de un total de 32 unidades de ejecución y cinco sectores de uso residencial, 'que estructuran la zona con el máximo respeto a las tipologías existentes y con un criterio de baja densidad'.

Discernir irregularidades

El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Miguel Alcalde, señaló ayer que para el desarrollo de esta área se presentaron varias alternativas. Una de ellas estaba promovida por los propios propietarios del suelo del sector 01, mientras que, en otro caso, era una gran empresa, Urbanizadora Vistamar, la que presentaba otra propuesta que incluía en su programa, precisamente, la unidad de ejecución número 12, donde están los terrenos que pertenecían a la familia del edil de urbanismo. Según aseguró ayer Alcalde, cuando acudió a los técnicos para interesarse por los programas presentados, fueron los mismos técnicos los que mostraron sus dudas de que la propuesta de los vecinos saliera adelante porque, según le dijeron, no garantizaba que se cumpliera lo que determinaba el plan respecto al orden de actuación ya que su oferta no incluía la urbanización del suelo que había de ejecutarse en primer lugar, es decir, el de la familia de Fabra.

Además, el grupo municipal socialista solicitó ayer una serie de documentos 'por considerarlos pertinentes para discernir si se ha cometido alguna irregularidad en la recalificación y reclasificación de los terrenos'. El grupo socialista ha requerido el estudio de viabilidad económica de las unidades de ejecución delimitadas por la revisión del PGOU que sirvió de base para evaluar su posible viabilidad en la fase de revisión del plan. Es decir, la evaluación económica de lo que ha supuesto el cambio en la calificación.