El futuro de la universidad andaluza
El debate que sobre la situación presente y futura del sistema universitario andaluz se está manteniendo en la Comisión de Estudio creada en el Parlamento andaluz, no es, ni debe de serlo, un mero tramite. Desde luego, no lo es para la comunidad universitaria, que ha de afrontar en el futuro inmediato retos fundamentales, tal y como ponen de relieve informes y estudios nacionales e internacionales.
El Gobierno andaluz ha querido que, en esta coyuntura, la necesaria reflexión y la propuesta de las bases sobre las que construir el futuro se lleven a cabo en el Parlamento, porque es allí donde se conjugan más fielmente los intereses sociales en juego.
Con ello se pretende promover un debate social y mostrar claramente a la sociedad andaluza cual es la realidad, las fortalezas y los problemas, de una institución universitaria que ha de tener un protagonismo esencial en la dinamización del desarrollo económico y social de Andalucía. Lo cual es exigencia insoslayable de una época en la que la acumulación de conocimiento y su aplicación al entorno son impulsoras destacadas de desarrollo y el bienestar social.
Las cuestiones universitarias que pueden abordarse desde las competencias del gobierno andaluz están relacionadas con cuatro grandes aspectos, estrechamente relacionados.
El primero es el de la consolidación de un mapa de titulaciones que, siendo capaz de responder a legítimas demandas y expectativas sociales más o menos localizadas, permita el mejor uso posible de los recursos humanos y materiales de todo el sistema universitario andaluz. En algunos momentos se ha podido transmitir la idea de que la acumulación de titulaciones es la mejor vía para consolidar un espacio universitario, cuando, en realidad, lo que mejor define a una universidad de excelencia, y por lo tanto a la altura de lo que demandan los tiempos, no es el número de sus titulaciones, sino la calidad de las que imparte.
El Informe sobre la Programación Universitaria de Andalucía 1997-2000, que la Consejería de Educación y Ciencia ha presentado al Parlamento, señala que, aunque globalmente existe equilibrio en el número y la distribución de las titulaciones que se ofertan en nuestras universidades, es necesario establecer criterios para completar su desarrollo futuro, atendiendo con firmeza al fortalecimiento del sistema en su conjunto. Sería un gran error atender más a intereses localistas y de corto plazo que a la consolidación de un mapa racional desde el punto de vista de Andalucía en su conjunto.
El segundo aspecto esencial tiene que ver con la financiación de nuestras universidades. El Gobierno andaluz es consciente, de que las universidades andaluzas necesitan recursos importantes. A ese convencimiento responde el incremento significativo de las transferencias corrientes para el año 2001, el aumento de las partidas destinadas a investigación o la asignación de sesenta mil millones de pesetas para un nuevo plan plurianual de inversiones.
En cualquier caso, la cuestión de la financiación universitaria debe de superar los planteamientos exclusivamente incrementalistas, y situarse en otro horizonte. Cualquier conocedor de la realidad universitaria es consciente de que es necesaria una nueva forma de financiar y una pauta de gasto que optimice socialmente los recursos que la sociedad destina a estas enseñanzas.
Por ello, es necesario avanzar en el establecimiento de un modelo de financiación que responda a criterios modernos de rentabilidad social y que incentive la calidad y la mejora de los resultados académicos.
En tercer lugar, no puede olvidarse que el reto principal al que se enfrenta la universidad andaluza tiene una expresión bien clara: lograr cada vez más calidad. Todas y cada una de las medidas que se adopten en el ámbito de las titulaciones o de la financiación deben de tener como norte la mejora de la calidad de la enseñanza, el incremento del rendimiento escolar y social, la mayor productividad científica y, en suma, la consolidación de un sistema universitario cuyo rasgo principal sea la excelencia.
Finalmente, es fundamental que la reflexión sobre el presente y el futuro de nuestras universidades tenga en cuenta dos hechos esenciales: la imprescindible vinculación con nuestro entorno y los cambios que se están produciendo a escala mundial. La dimensión internacional de los estudios universitarios es hoy día un punto de partida ineludible. Por ello, hemos de tender a la identificación más enriquecedora de nuestras universidades, de nuestros mapas de titulaciones, de nuestros planes de estudios o de nuestra actividad científica, con los de nuestro contexto no ya nacional, sino europeo e internacional.
El Gobierno andaluz ha dado muestras de que afronta la situación universitaria con transparencia, con generosidad política y con decisiva voluntad de proporcionar los mejores medios para afianzar nuestro sistema universitario. Las universidades han demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de abordar los problemas que les afectan con rigor, con serenidad y con reflexión.
Debemos de tener la completa confianza de que todos nuestros parlamentarios, las autoridades académicas, los agentes sociales, la representación estudiantil o los expertos que participan en el mencionado debate, responderán también constructivamente para fortalecer a nuestras universidades y al conjunto de nuestro sistema universitario.
Cándida Martínez es consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
