La Policía de Gandia abre un expediente de expulsión a cinco inmigrantes por un delito que no precisa

La Policía Nacional de Gandia (Valencia) ha cursado los primeros expedientes sancionadores de expulsión contra cinco inmigrantes por carecer de permisos de trabajo y de residencia tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjería. Según informó ayer la Confederación General de Trabajadores (CGT), efectivos policiales de la comisaría gandiense abrieron un procedimiento de expulsión el pasado 12 de febrero contra cuatro rumanos, tras comprobar que estaban trabajando en una obra de construcción en la urbanización Montepego, en el término municipal de Pego (Alicante), sin el permiso laboral correspondiente. Tres de ellos carecían además del permiso de residencia, por lo que se inició un expediente sancionador de expulsión 'preferente', y al cuarto, que disponía del visado de turista, se le aplicó el proceso 'ordinario'. Los procedimientos tendrán que ser vistos ahora por la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana, organismo competente en la tramitación de la orden, en un periodo máximo de seis meses.

Los cuatro inmigrantes aseguran, según fuentes del sindicato CGT, que habían sido contratados por una empresa de Pedreguer (Alicante) con la promesa del empresario de que se haría cargo de solicitar los permisos de trabajo ante las autoridades. Todos ellos presentarán un recurso contra el expediente de expulsión. La quinta afectada es una inmigrante búlgara, de 30 años, que fue detenida el pasado martes por miembros del grupo operativo de extranjeros de la Comisaría de Policía de Gandia durante un control policial. La joven residía y está empadronada en el municipio gandiense desde el pasado 14 de noviembre. Según la CGT, disponía de una oferta de trabajo como cocinera en un restaurante ubicado en la playa de Gandia, pero su visado había caducado por lo que había solicitado la regularización de su situación en España para poder acceder al empleo. La joven, según el sindicato, fue retenida en las dependencias policiales durante seis horas, sin intérprete. El sindicato señaló que en los expedientes de expulsión responden a que los inmigrantes se encontraban 'en situación irregular al carecer de permiso de trabajo y residencia'.

Persecución

El concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Gandia, el socialista Vicent Mascarell, lamentó ayer la medida adoptada contra los inmigrantes, e instó a la delegada de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Carmen Mas, a paralizar las órdenes de expulsión. Mascarell recordó que la delegada del Gobierno manifestó, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Extranjería, que 'no iba a iniciar una persecución policial' contra los extranjeros sin papeles. Los procesos de expulsión abiertos 'cuestionan la voluntad de la delegada del Gobierno por cumplir con su palabra', añadió el edil.

Por otra parte, la Plataforma Papers per a Totes i Tots convocó anoche una concentración frente al Ayuntamiento de Gandia contra la nueva Ley de Extranjería. Los manifestantes denunciaron asimismo las órdenes de expulsión abiertas a los cinco inmigrantes, y lamentaron la actual situación de 'desamparo' del coletivo de sin papeles.

Fuentes de la delegación del Gobierno en la Comunidad señalaron ayer que el motivo de la solicitud de expulsión de los cinco extranjeros sin papeles no tiene nada que ver con la entrada en vigor de la reforma de la ley de extranjaría. Las mismas fuentes señalaron que el hecho que ha motivado la solicitud ha sido 'la comisión de un delito' que no determinaron . Tampoco pudieron identificar la empresa para la que trabajaban los cuatro inmigrantes ilegales. La reforma de la ley ha elevado sustancialmente las penas para los empresarios que contraten a inmigrantes que no tienen regularizada su situación legal como, según el sindicato, es el caso de los cuatro ciudadanos rumanos amenazados de expulsión.

La Policía Nacional declinó realizar manifestaciones sobre la apertura de los expedientes.