Viabilidad del sistema público de pensiones

Las pensiones son un asunto muy serio. Para millones de ciudadanos es su principal fuente de renta y para otros lo será en el futuro. A la vez, una modificación del actual sistema hacia segmentos de capitalización obligatoria afecta a las cuentas de resultados de las entidades financieras.

En un artículo aparecido en este periódico (22 enero) 'una serie de personas que vienen estudiando este problema intensamente los últimos años' muestran su preocupación por el futuro del sistema público de pensiones, al considerar probado un gasto en pensiones del 15% del PIB en 2050 (8,6% en 2000).

Esta afirmación presentada de forma tan radical provoca alarma. Sin embargo, después de analizar con detalle los estudios en los que se basan (Herce, Jimeno) la conclusión no es demasiado sólida. En el estudio titulado la reforma de las pensiones ante la revisión del Pacto de Toledo elaborado por Herce y Meseguer publicado por La Caixa (2000), la previsión de gasto en pensiones para 2050 era del 13,4% del PIB. Causa sorpresa comprobar que en tan sólo unos meses, el primero de los autores aumente el gasto en 1,6 puntos del PIB, lo que supone la módica cantidad de 5,1 billones de pesetas de 2000, aproximadamente el 60% del gasto en pensiones en el año pasado. La preocupación en este informe, se basaba no tanto en el gasto sino en la imposibilidad, según los autores, de generar los ingresos suficientes (tan sólo 7,2% del PIB en 2050).

De igual forma, el trabajo de Jimeno editado por FEDEA (2000), prevé un gasto en pensiones que en 2050 oscila entre el 16,8% y el 32% del PIB dependiendo de la evolución de la productividad. Un margen demasiado importante (50 billones de pesetas de hoy) para considerar solvente las conclusiones del estudio.

Estas incongruencias, elegidas entre otras muchas, junto a unos antecedentes de serios errores en los informes presentados en 1995, no sólo por la aparición de condiciones irrepetibles como se excusan los autores, restan credibilidad a la nueva y coincidente conclusión. Es muy complicado realizar previsiones para tan largo plazo en las que influyen variables de difícil cuantificación, algunas imposibles según nuestro criterio al tratarse de prestaciones a percibir por personas que todavía ni siquiera han comenzado su carrera laboral. Pero aún así, como mínimo sería necesario conocer cuáles han sido las modificaciones manejadas por los autores para cambiar la conclusión en tan significativo margen.

La argumentación de los articulistas se apoya en una cadena inexorable: la baja tasa de natalidad repercutirá en una escasa creación de riqueza al no disponer de suficiente población (autóctona) en edad de trabajar. Para ellos, lo único inamovible son sus propias cuentas negativas sobre el sistema de reparto, que como se ha demostrado suelen variar con frecuencia. Una advertencia, si las previsiones de los articulistas sobre el crecimiento del PIB hasta 2050 fueran ciertas, el principal problema no serán las pensiones sino como sobrevivir hasta el día de la jubilación.

Parece poco inteligente negar a la sociedad su capacidad de reacción ante problemas tan graves. Así, ante la actual baja natalidad se deben adoptar medidas para recomponerla (por encima del 1,5). La modificación en los hábitos de las personas / unidades familiares vendrá dada por disponer de estabilidad en el empleo, viviendas asequibles, conciliación de la vida laboral y familiar, prestaciones económicas de protección a la familia y servicios de dependencia para hijos y personas mayores. Esta política diferente, incompatible con rebajas desequilibradas del IRPF y estabilidad presupuestaria después de renunciar a 800.000 millones al año, se puede y se debe acompañar de una política de inmigración más flexible e integradora.

Junto a esta política de anticipación es preciso adaptar el sistema público a las necesidades de los ciudadanos, combinando la mejora de las actuales prestaciones sin perder de vista la viabilidad financiera del conjunto del sistema en los próximos cincuenta años. CC OO y UGT han colaborado en este objetivo en los años precedentes y lo seguirán haciendo en el futuro. Así, considera factible asegurar en 2050 prestaciones medias de 200.000 ptas constantes del 2000 (ahora son 79.000 ptas.) a casi 14 millones de personas (7,6 en este momento), con un esfuerzo del 11,3% del PIB (8,65% en 2000), siempre que éste crezca a una tasa media anual del 2,5% durante el periodo, un porcentaje incluso inferior al mantenido en los últimos treinta años y al establecido por la propia Unión Europea para asegurar la estabilidad del futuro (2,7%). El margen del segmento contributivo aumenta si se tiene en cuenta que una parte del gasto se debe financiar a través de impuestos.

Es obvio que se va a producir un envejecimiento de la población pero frente al catastrofismo no justificado, cabe pensar que, como ha sucedido en la historia, es posible adoptar medidas que lo sigan haciendo solvente. En este camino, a corto plazo se debe finalizar la separación de las fuentes de financiación en un periodo razonable, crear un fondo de reserva suficiente, y flexibilizar el acceso a la jubilación para las personas con carreras profesionales largas estableciendo coeficientes reductores equilibrados. A la vez, es necesario avanzar en la convergencia de regímenes y adaptar la estructura organizativa de la Seguridad Social.

El sistema de reparto con pensiones más dignas y viabilidad financiera, puede convivir con sistemas complementarios de acceso voluntario, no por miedo a la quiebra del actual sistema.

La creación de riqueza y su justa distribución debe ser el objetivo colectivo, pero no sólo para asegurar el sistema de pensiones público sino para converger con los países más desarrollados de la Unión Europea y poder mejorar la calidad de vida. Ninguna experiencia ha demostrado que los sistemas privados de capitalización colaboren a esta tarea con mayor éxito que los de reparto y, sin embargo, está demostrado que reducen la equidad.

José Luis Sánchez García y Pedro Díaz Chavero son Secretario de Política Institucional de CCOO y Secretario Ejecutivo Confederal de UGT.