Fuentes muy contaminantes

'Los moros, a Marruecos, que es donde tienen que estar'. Esta frase la pronunció un diputado del Parlamento andaluz mientras charlaba informalmente con un compañero antes de comenzar el pleno del miércoles día 7 de este mes y fue captada por una cámara de Televisión Española en Andalucía. El sonido era defectuoso y no se filmó al diputado autor del exabrupto.

El Diario de Sevilla dio noticia de la grabación y de la frase el pasado domingo, día 11.

EL PAÍS, en el cuadernillo de información regional Andalucía, tomó el asunto al día siguiente e informó sobre la petición de todos los grupos del Parlamento andaluz para que se investigase sobre el comentario xenófobo.

Pero el martes día 13, en el mismo cuadernillo de la edición para Andalucía, una amplia información en su primera página -mucho más breve en la edición nacional- recogía el testimonio de un diputado autonómico que decía haber oído la frase al vicepresidente primero de la Cámara y diputado del PP, Matías Conde.

No sólo eso. Se advertía de que la fuente de la información, firmada por Isabel Pedrote, había pedido que se le mantuviese en el anonimato, aunque el diputado acusador aseguraba que sostuvo un diálogo con Conde, recriminándole por la expresión xenófoba, y que aquél le había respondido con algo así como '¿es que acaso es mentira?'.

El miércoles, el asunto pasó a las páginas de España para todas las ediciones y se incluyó una fotografía de Matías Conde con una información que recogía una carta del comité de empresa de RTVE en Andalucía en la que se aseguraba que habían identificado la voz de Conde como autor de la frase despectiva.

El jueves pasado, el diputado socialista en el Parlamento andaluz Rafael Centeno se hizo responsable de la frase en rueda de prensa y se declaró autor de la misma.

El globo hinchado en torno a Matías Conde se pinchaba de forma espectacular e imprevista.

El Defensor había decidido actuar de oficio, porque así se lo permite su estatuto, en un asunto de especial trascendencia que afecta al honor personal y a la conducta política de un diputado. Además, el viernes recibió una carta desde Madrid, firmada por Carlos Reol, en la que protesta por la información, la tacha de amarillista y se pregunta si el periódico debe desvelar el anonimato del diputado que acusó a Conde.

También el viernes, Anthony Leich, por teléfono, desde Córdoba, mostró su preocupación por la actitud del periódico ante la fuente anónima.

Este último fleco conviene despejarlo cuanto antes. En el periódico del viernes se informaba de que el diputado que aseguró haber oído a Conde la expresión escandalosa desmentía haberlo narrado así y matizaba que lo dijo sólo como posibilidad.

Isabel Pedrote, autora de la información, ha explicado al Defensor, con muchos pormenores, las conversaciones que mantuvo antes de escribir y se reafirma en que fue autorizada expresamente por el diputado -anónimo ante el lector- para que transcribiese esa conversación.

Pedrote afirma que el mismo diputado acusador contó la historia a varios compañeros del Parlamento, incluido el portavoz del Grupo Socialista, José Caballos, y que ella consultó a cinco diputados de distintos grupos, que le aseguraron haber recibido la misma versión del que ha quedado como anónimo denunciante.

Piedras al propio tejado

¿Por qué el periódico no revela su identidad, pese a sentirse engañado? José María Izquierdo, director adjunto de EL PAÍS, ha respondido a esta pregunta: 'Porque, por encima de cualquier otra consideración, y aunque nos perjudique, decidimos salvaguardar el secreto de la fuente, una vez que le dimos crédito y publicamos la información'.

El problema de las fuentes es uno de los más espinosos en el ejercicio de la profesión periodística. Los políticos, salvo para hacer declaraciones de ataque o de anuncio de planes y proyectos, suelen exigir el anonimato. Si no se atendiera esa petición, muchas de las informaciones que se publican quedarían sin ver la luz.

Eso hace doblemente arriesgado el trabajo de los informadores políticos, que tienen que recurrir, con demasiada frecuencia, a la confianza de los lectores cuando cuentan algo sin citar expresamente la fuente que informa. La confianza es, en definitiva, el valor más preciado que atesora un periódico; de ella depende nada menos que su credibilidad.

En este caso concreto, la negativa inicial de RTVE de Andalucía para que los informadores que lo pidieron escuchasen la grabación dificultó todavía más el intento de desentrañar el embrollo. Y se complicó hasta el infinito cuando el comité de empresa de la propia RTVE andaluza aseguró que la voz grabada correspondía a Conde.

Pedrote ha asegurado al Defensor que, antes de publicar la acusación, llamó a Conde y el diputado popular no quiso hacer ningún comentario. El propio Conde, según Pedrote, reconoció públicamente que EL PAÍS era el único medio que le había llamado para conocer su opinión.

Antes de que el Defensor se lo pidiese formalmente, el redactor jefe de España, José Manuel Romero, se adelantó a enviar una explicación en los siguientes términos:

'EL PAÍS no debió publicar nunca la versión de un diputado andaluz que, escondido en el anonimato, acusaba a otro, dando su nombre y apellidos, de haber pronunciado una frase xenófoba. El único responsable de que este periódico, en la primera información sobre el caso, diera la filiación del supuesto autor de la frase soy yo'.

Y concluye: 'Cuando el acusador, como en este caso, pide el anonimato, no se le puede dar la credibilidad necesaria como para identificar al acusado, salvo que el periódico hubiera tenido otras pruebas (por ejemplo, la cinta de TVE a la que no tuvimos acceso) para contrastar esa versión'.

En opinión del Defensor, Romero se excede más que generosamente al asumir toda la responsabilidad sobre una información elaborada en la Redacción de Andalucía.

En cualquier caso, comparte la opinión sobre el riesgo de trabajar con una única fuente, sobre todo en este caso, por el formidable desequilibrio que supone ofrecer a los lectores una sola voz, anónima, que, sin embargo, denuncia con nombre y apellidos.

En último término, el Libro de estilo de EL PAÍS deja pocas dudas a la hora de zanjar la cuestión: 'La atribución de la noticia a una fuente o fuentes no exime al periodista de la responsabilidad de haberla escrito'.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.