El Gobierno cree que el 'plan Acebes' para la Justicia se queda 'corto'

El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, comparte con el ministro del área la necesidad de una produnda reforma de actual sistema judicial, pero considera que el plan propuesto por Ángel Acebes se queda 'corto' en su alcance y no tiene en cuenta, además, la descentralización que exigiría el Estado de las autonomías. 'Los parches no son suficientes, hay que democratizar a fondo la Administración de Justicia y acercarla al ciudadano, si de verdad se quiere que (...) sea también un servicio público de calidad', señaló ayer Intxaurraga en un comunicado.

El consejero afirma coincidir en el diagnóstico de que la Justicia precisa un cambio profundo para adecuar a nuestro tiempo procedimientos que, en algunos aspectos, proceden del siglo XIX, así como en su aspiración de que sea 'un servicio público y de calidad'. En este sentido, se congratula de que el ministerio plantee sistemas de modernización material que en el País Vasco 'llevamos años aplicando', con una gran inversión económica. El ministro Acebes cuantificó en 250.000 millones los recursos necesarios para aplicar el plan de reforma. La comunidad autónoma, desde que asumió las competencias sobre medios materiales y personales de Justicia, lleva invertidos cerca de 40.000 millones de pesetas, la mayoría de ellos en instalaciones judiciales y sistemas informáticos.

Insuficiente

El Gobierno vasco, sin embargo, piensa que la reforma se queda 'muy corta' en lo que se refiere a la descentralización de la Justicia. Aunque el plan del Gobierno del PP contempla que los tribunales superiores de las comunidades autónomas descarguen al Tribunal Supremo de determinados recursos de casación, no recoge la aspiración nacionalista de que se conviertan en la última instancia judicial en el ámbito autonómico. Tampoco incluye la posibilidad de constituir un Consejo del Poder Judicial en cada comunidad. Para Intxaurraga es 'inaceptable' que se mantenga en carácter de 'cuerpo nacional' de los funcionarios de Justicia (1.800 en Euskadi) y que los secretarios judiciales dependan directamente del ministerio.

Otro punto de discrepancia frontal está en el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el PP pretende cambiar de forma que 12 sean elegidos por las asociaciones judiciales y 8 por el Congreso y el Senado. La consejería defiende el mantenimiento del sistema actual de designación de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces por el Parlamento, ya que lo contrario sería 'gremialismo'. Asimismo se opone a las restricciones anunciadas al acceso a la judicatura que no sea por la vía ordinaria de la oposición, es decir, a los llamados tercer y cuarto turno. Por ello, Intxaurraga teme 'que se puede perder una buena ocasión para acometer una reforma de verdad' de la Justicia, aunque espera a que se concreten las propuestas de consenso y trabajo conjunto lanzadas por el ministro.