El Gobierno catalán busca el dinero para pagar la llegada del AVE al aeropuerto

El Gobierno catalán tenía ayer dos convicciones: que la sociedad catalana exige que el AVE llegue al aeropuerto lo antes posible y que el Gobierno central ha decidido en firme que la aportación para ello salga de las arcas del Ejecutivo que preside Jordi Pujol. Y de ambas premisas se desprendía una conclusión: hay que encontrar el dinero como sea.

Pero no es tarea fácil. El Gobierno catalán ha asumido la realización de obras emblemáticas con cargo a endeudamiento, pero en los presupuestos de 2001 el PP ha impuesto una simulación de déficil cero, es decir, ha cortado la posibilidad de recurrir indefinidamente al crédito. Además el Ministerio de Fomento ya ha dejado claro que lo que no piensa hacer es financiar la obra y esperar que la Generalitat la pague. Así que se buscan soluciones. Mientras llega la definitiva, el Departamento de Economía podría incluir una partida simbólica y abierta en el presupuesto de 2002, partida que se incrementaría en la medida en que hubiera que licitar o abonar las obras. 'Este año no es previsible que se necesite nada, porque el proyecto constructivo puede ser el mismo para todo el tramo', aseguró un portavoz del Ejecutivo.

Otros organismos están ayudando al Gobierno catalán a encontrar la solución. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona apuntaban ayer la posibilidad de que el tramo ferroviario que discurra por el aeropuerto sea financiado por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), puesto que el proyecto está incluido en el plan director que prevé la ampliación de El Prat. De hecho, en Barajas algunas partidas relativas a accesos han ido a cargo de la administración portuaria.

El pleno municipal celebrado ayer incluía en el orden del día una moción sobre el AVE que fue retirada con el beneplácito de todos los grupos políticos. No obstante, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, aseguró que la decisión pactada entre el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y Jordi Pujol no le satisface en absoluto.

La otra posibilidad es la aportación privada. En este sentido, las voces más claras han sido las de la Cámara de Contratistas y la Cámara de Comercio. En el primer caso, su presidente, Rafael Romero, apuntó ayer que no es 'ilógico' que la llegada del AVE al aeropuerto sea pagada por quienes serán sus usuarios a través de una sociedad mixta con capital público y privado. No obstante, Romero añadió que le parece lamentable el planteamiento de que la obra tenga que ser pagada por 'Cataluña' porque, dijo, 'no sólo beneficiará a los ciudadanos catalanes, sino a toda España'.

Otra posibilidad, apuntada desde la Cámara de Comercio, es que el propio aeropuerto, que genera no pocos beneficios de explotación, asuma el coste de la obra e incluso de su propia ampliación.

La Cámara de Comercio ha defendido siempre que España debería aplicar el modelo francés de gestión de aeropuertos. En el país vecino, salvo los aeropuertos parisienses, que dependen de una entidad que los rige conjuntamente, el resto son dirigidos por las Cámaras de Comercio, lo que los convierte en pieza esencial en el desarrollo del territorio.

El aeropuerto de El Prat, señalan los estudios de la cámara, tiene beneficios suficientes para financiar la ampliación que va a acometer en los próximos meses, y también otras mejoras si fueran necesarias.

En la pasada legislatura, el Gobierno central parecía decidido a privatizar la gestión de los aeropuertos españoles. Pero el entonces ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, prefería privatizar toda la red y no cada uno de los aeropuertos.

La tesis defendida en Cataluña, tanto por el Gobierno autónomo como por los municipios y los agentes sociales, en cambio, apostaba por el desmembramiento de AENA y el traspaso a Cataluña de los aeropuertos, que serían dirigidos por un consorcio formado por todas las administraciones. Cuando llegó al ministerio, Álvarez-Cascos descartó la tesis de su antecesor, pero sigue sin explicar sus intenciones al respecto.