Demasiadas leyes para tan poca política

El 23 de enero pasado entró en vigor la ley orgánica 8/2000 que reformaba muy sustancialmente la ley orgánica 4/2000 sobre 'Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social'. Supongo que nuestros legisladores son conscientes de que hemos obtenido el récord Guinness en la aprobación de leyes orgánicas distintas sobre la extranjería y la emigración. En menos de un año -11 de enero de 2000 y 23 de diciembre de 2000- se han publicado dos leyes orgánicas sobre los derechos de los extranjeros y su integración en España que son discordantes en lo que toca a los derechos fundamentales y libertades públicas, puesto que su ejercicio se ve seriamente limitado a la condición de residentes y no como otras personas.

La ley orgánica de extranjería 4 / 2000 del mes de enero era una buena ley en manos de una mala política de extranjería. Los hechos me dan la razón -desgraciadamente-, y mientras nuestros políticos y legisladores se enzarzan en discutir, debatir, modificar y restringir los derechos concedidos a todos los extranjeros, los acontecimientos -dolorosos e incomprensibles- se multiplican por doquier en nuestra geografía: pateras, muerte en Lorca, problemas en El Ejido y en Terrassa, encierros en iglesias barcelonesas que deberían de avergonzarnos a todos como colectividad en un Estado democrático y de derecho.

La ciudadanía no entiende realmente qué es lo que está pasando; por un lado, sin apenas darse cuenta, nos hemos encontrado, en este final de siglo XX, con una situación convivencial a la que no estábamos acostumbrados, y de la que resulta que hoy somos una sociedad multicultural, multirracial y plurirreligiosa.

Este nuevo fenómeno social, que es consecuencia directa de una necesaria inmigración, requiere que nuestras leyes regulen adecuadamente la situación y sean claras y fáciles de entender para todos; de otro modo la realidad y el derecho irán, como están yendo, por caminos separados y muchas veces contradictorios y peligrosos, lo cual origina situaciones de xenofobia y racismo.

La reforma de la ley no arreglará de golpe los problemas de los subsaharianos, de las embarazadas venidas en pateras, de los ecuatorianos en Lorca, de los 'irregulares residentes empadronados que están trabajando', ni del hambre y la miseria de los países de origen; por ello es necesaria una coherente y urgente política de extranjería. Es imprescindible un gran pacto de Estado, entre todos, ya que nos jugamos el futuro.

España y Europa necesitan a la emigración para que la sociedad del bienestar funcione. Sin los inmigrantes, en España no se repartiría butano, no se atendería a nuestros ancianos y enfermos, no se recolectarían la fruta y las verduras en Cataluña ni en Levante, no se cavarían las zanjas para enterrar la fibra óptica, etcétera.

La sociedad española es la que tiene la última palabra sobre el modelo de convivencia que quiere en el futuro, y éste pasa por el respeto y la garantía -a todos- de los derechos y libertades de las personas para que puedan ejercitarlos dignamente. Esta es la responsabilidad que debemos autoexigirnos, aunque todo ello sea difícil, complejo y, sobre todo, costoso para nuestro presupuesto. No deben efectuarse más modificaciones legales: menos leyes y más política realista de extranjería.

Apliquemos la legislación vigente -si es constitucional-, asumamos el problema migratorio como propio y, sobre todo, hagamos una correcta, coherente y necesaria política global española y europea de extranjería. Esta es nuestra responsabilidad como sociedad del siglo XXI.

Eduard Sagarra Trias es abogado y profesor de Derecho internacional público de la UB.