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Tribuna:

Un ministro catalán

Entre los negocios más complejos y arriesgados de la política española durante los últimos 100 años se halla el de ser ministro catalán; catalán en ejercicio, claro está, de cultura política catalana, no simplemente de nacimiento o de vecindad administrativa.

Tal vez el primero en padecer la esquizofrenia de esa doble condición fue don Manuel Duran i Bas, empujado a la cartera de Gracia y Justicia en marzo de 1899 por los burgueses regeneracionistas de la Barcelona posterior al desastre colonial, y forzado a dimitir siete meses después ante el riesgo de no poder regresar en paz a su ciudad, soliviantada por el Tancament de caixes y furiosa contra el gobierno del que Duran era miembro. A lo largo de las décadas siguientes ha habido ministros-florero como Lluís Companys o Pere Rahola, titulares de Marina en sendos gabinetes republicanos para regocijo de humoristas, o don Pedro Gual Villalbí, anodino representante del lobby patronal en los años centrales del franquismo. Se recuerdan también casos brillantes de eficiencia técnica, como el de Jaume Carner, ministro de Hacienda durante lo más fecundo del bienio de Azaña. Pero en el terreno político, las experiencias ministeriales de Francesc Cambó entre 1918 y 1922 arruinaron para siempre la solvencia catalanista del líder de la Lliga, y otros catalanes mucho más contemporáneos han regresado también del Consejo de Ministros con daños irreparables en su credibilidad.

Así las cosas, no tiene nada de extraño que persista la inveterada reticencia del nacionalismo convergente a dejarse tentar por el poder central. Se manifestó cuando el PSOE cortejaba a Miquel Roca, reapareció en las bambalinas del pacto del Majestic (1996), y ha vuelto a expresarse por boca de Artur Mas en una reciente entrevista de prensa: 'CiU no entrará nunca en el Gobierno'. Demasiado categórico, sí; pero, en descargo del novel conseller en cap cabe invocar dos circunstancias atenuantes: los precedentes históricos y el caso de Josep Piqué. Cuando, en el clima de euforia que siguió al pacto PP-CiU de la primavera de 1996, Piqué i Camps fue nombrado titular de Industria del primer Gobierno de Aznar, muchos creyeron que aquello era una coalición tácita, que el joven y brillante ministro sería el hombre de Pujol en los consejos de los viernes en La Moncloa. Los más eruditos recordaron que, en 1991 y otra vez en 1995, su nombre había figurado en la candidatura municipal convergente por Vilanova i la Geltrú; los ambientes empresariales le acogieron con la satisfacción que merece uno de los nuestros, alguien a quien se podía confiar la defensa en Madrid de los intereses de la Cataluña productiva.

Las cosas empezaron a complicarse el día en que Piqué acumuló al Ministerio de Industria, eminentemente técnico, la mucho más politizada portavocía del Gobierno; sin embargo, ni aquel ascenso ni su posterior y ruidosa afiliación al PP en enero de 1999 desagradaron a los círculos burgueses, que le miraban con complacencia: Josep Piqué se despujolizaba, sí, pero ganaba peso y ascendiente cerca de Aznar, y eso era lo importante. Más tarde vino la promoción hasta la cartera de Asuntos Exteriores y, el pasado septiembre, la solemne coronación como príncipe heredero del PP de Cataluña, taumaturgo de su tardío giro catalanista y paladín de sus venideros triunfos electorales. Si para CiU lo sucedido tenía que parecer una traición, o una OPA hostil, en muchas instancias económicas debió de percibirse como una mejora del nivel de interlocución con el poder central y una diversificación de los canales de lobbying.

No obstante, algo parece haber cambiado en el ánimo del estelar ministro durante estos últimos meses. Por un lado, el entusiasmo de su compromiso con la política catalana se ha enfriado a la misma velocidad con que el presunto giro catalanista de los suyos chocaba contra escollos simbólicos como el nuevo modelo de las matrículas o el rechazo del PP español a la demanda de pasaportes y DNI plurilingües, y naufragaba ante la apuesta estratégica de Aznar por el Levante feliz que preside Zaplana en detrimento de la díscola Cataluña de Pujol y Maragall. Por otra parte, como tantos periféricos antes que él, también Piqué ha sucumbido a los encantos del Poder con mayúscula, del poder del Estado al que sirve como canciller. Desde su actual posición, ¿qué atractivos ofrece ser el próximo presidenciable del PP a la Generalitat? ¿Para alcanzar luego, en la mejor de las hipótesis, alguna consejería en un gobierno de coalición con CiU? Eso está bien para Fernández Díaz; el de Vilanova prefiere hacer sus apuestas en Madrid, sobre el tapete del posaznarismo.

Así pues, Piqué ha decidido dejar de ejercer como ministro catalán, como valedor de unos intereses específicos. ¿Las pruebas? Su pasividad o impotencia cuando se concedieron, el pasado noviembre, las licencias de televisión digital sin que los dos ofertantes con sede en Barcelona se comieran un rosco. Y ahora, sus inverosímiles declaraciones sobre el 'agravio comparativo' que supondría la llegada del AVE al aeropuerto de El Prat. En noviembre de 1984, cuando el Partido Reformista Democrático comenzaba su corta y frustrada singladura política, un redactor de este diario le hizo al líder de la operación la pregunta crucial: '¿Quién nos garantiza a los españoles que Miquel Roca, al frente del Gobierno estatal, no intentará primar los intereses de Cataluña?'. Piqué, que ambiciona seguir haciendo carrera en Madrid, ha ofrecido aquellas garantías antes incluso de que nadie se las reclame.

Joan B. Culla es profesor de Historia contemporánea de la UAB.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de febrero de 2001