Urbanismo de Málaga vigilará vía satélite posibles infracciones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), informó ayer sobre la puesta en marcha de un novedoso sistema de vigilancia urbanística que prometió hace dos meses para hacer frente a la cascada de denuncias por infracciones urbanísticas en la barriada de Churriana y que acabaron con la dimisión del concejal de distrito, Antonio Álvarez.

Urbanismo tiene ya operativo un sistema de detección vía satélite de cualquier cambio en la orografía de la ciudad, lo que permitirá comprobar si están amparados por la legalidad. Cada seis meses se solicitarán fotografías por satélite del término municipal y luego se cotejarán con los archivos catastrales.

De la Torre explicó que este sistema pionero en España se empezó a diseñar hace dos años, aunque la realidad es que se anunció su puesta en marcha a raíz de varias polémicas urbanísticas, una de las cuales afectaba al hermano del propio concejal de Urbanismo, Manuel Ramos. El operativo, diseñado por el Centro Municipal de Informática en colaboración con la Universidad de Málaga, permitirá disponer, en principio, cada seis meses de una fotografía vía satélite del término municipal: 40.000 hectáreas en pleno desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La fotografía, con un coste de medio millón de pesetas y cuyo tratamiento informático cuesta otro tanto, servirá para detectar cualquier construcción o movimiento de tierra que se produzca en una parcela de hasta 25 metros cuadrados. La gran novedad del sistema, en relación a experiencias similares puestas en marcha en otras provincias españolas, es que los datos se pueden cotejar en tiempo real, ya que en todo momento se dispondrá de información al dia de las licencias concedidas.

Profusión de infracciones

El boom de la construcción por el rápido desarrollo del PGOU, ha disparado los expedientes de licencias de obras en la ciudad y con ellos las infracciones urbanísticas. Según datos ofrecidos ayer por el edil de Urbanismo, Manuel Ramos, durante el pasado año se incoaron cerca de un millar de expedientes informativos por irregularidades frente a los 800 del año 1998, el año en el que entró en vigencia el PGOU. En 2000 se decretaron además 243 demoliciones de construcciones ilegales, además de 163 millones de pesetas en sanciones, algo más del triple del dinero global de las multas en 1998.

Junto a este novedoso sistema de inspección vía satélite, en el pasado mes de diciembre Ramos anunció también la puesta en marcha de unas unidades especiales de la policía local para apoyar las labores inspectoras. Otras medidas que se prometieron y que aún no están vigentes son un registro de infracciones y la ampliación de las sanciones por irregularidades a las personas físicas y jurídicas que intervienen en una obra, ya que hasta ahora sólo es multado el promotor.