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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Fujimori, acusado

La acusación formal contra Alberto Fujimori de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, anunciada ayer por la fiscal general, debería abrir la puerta, una vez aprobada por el Congreso, a la supresión de la inmunidad del ex presidente peruano destituido. Fujimori ya fue 'incapacitado moralmente' por el Parlamento de su país tras refugiarse en Tokio a raíz de un viaje oficial en noviembre pasado.

Es más que probable, sin embargo, que la nueva acusación no afecte demasiado a un Fujimori a buen resguardo en el país de sus ancestros. El ex mandatario sólo ha sido citado hasta ahora por una comisión parlamentaria que investiga al que fuera su mano derecha, Vladimiro Montesinos, y ha pedido que se le tome declaración en la capital japonesa por motivos de seguridad. Pero el procedimiento judicial iniciado ayer, al que se suma la denuncia constitucional por abandono de la presidencia de la República, sí que puede contribuir a inyectar aire fresco en la enrarecida campaña para las elecciones peruanas de abril.

Más información
La Fiscalía de Perú acusa al ex presidente Fujimori de enriquecimiento ilegal y blanqueo de dinero

Los próximos comicios, que deberían tener como pivote la situación decrépita de la economía, se han convertido en realidad en un concurso televisado -los Vladivídeos- para determinar qué alto cargo peruano, presente o pasado, no ha sido contaminado por el masivo flujo de dinero ilícito que el tándem Fujimori-Montesinos puso en circulación para comprar las voluntades de cada institución de la nación andina. Incluso el ex presidente y aspirante Alan García, que se consideraba inmune al escándalo por haber pasado fuera de Perú los años cruciales, ha visto cómo un antiguo ministro suyo recibía un sustancioso cheque de manos del factótum Montesinos.

Las elecciones de abril, primeras en una década en las que no participará Fujimori, son una prueba de fuego para la credibilidad de la nueva democracia peruana. Ya están siendo una catarsis colectiva, con la ayuda de los más de 2.000 vídeos en circulación que ponen imágenes casi a cada uno de los episodios de corrupción de un régimen del que ya se ha olvidado cualquier contribución que pudiera haber hecho para enderezar la economía o combatir la guerrilla. Los peruanos, tras la convulsión del año pasado, sólo son sensibles ahora a las manos limpias de sus políticos. En ese contexto, la acusación contra Fujimori por robo de dinero público tiene un saludable efecto antiséptico.

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