El TSJ anula la adjudicación de la gestión de las basuras de Valencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha decidido declarar 'la nulidad de pleno derecho' de la resolución, tomada en junio de 1997, del Consell Metropolità de l'Horta (CMH) por la que adjudicaba la eliminación de las basuras del área metropolitana de Valencia a la unión temporal de empresas (UTE) Agricultores de la Vega de Valencia-Fomento de Construcciones y Contratas, que para cumplir con el concurso construyó el polémico vertedero de Dos Aguas. La decisión judicial abre una nueva crisis en la gestión de las basuras, ya que obliga a reiniciar el expediente administrativo de un organismo que ya no existe.

El auto de la sala tercera de lo contencioso-administrativo del TSJ, firmado el pasado 27 de enero, asume las tesis de los demandantes, entre los que se encuentran los ayuntamientos de Llombay y Real de Montroy, la Plataforma Cívica Riu Xúquer, políticos como Enric Luján, del PSPV, y Josep Lluis Pitarch, del Bloc, y hasta una constructora, Ferrovial Medio Ambiente, que perdió el concurso. Los demandantes dijeron que el acuerdo es nulo por 'haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido' ya que antes del concurso ni se elaboró ni se aprobó un anteproyecto de explotación, trámite 'configurado como imperativo e inexcusable' por la Ley de Contratos de las Admistraciones Públicas. Los jueces dejan claro que su decisión implica retrotraer 'el expediente administrativo a su inicio'.

La adjudicación de la gestión de los residuos a SAV-FCC, el 23 de junio de 1997, provocó el rechazo de la oposición y todo tipo de críticas. Y mientras el concurso estaba en precario, el polémico vertedero de Dos Aguas lleva recibiendo durante dos años toda la basura.

Aparte de que incumplía el trámite obligatorio, motivo de la anulación, se criticó que el concurso especificara que los licitadores tenían que contar con un 'servicio de carácter provisional', pero legalizado. Es decir, mientras se construía un macrovertedero capaz de albergar medio millón de kilos diarios de rechazos de la basura tratada en las plantas de tratamiento.

En aquel momento, salvo los vertederos de la Diputación de Valencia sólo estaba en esa situación el basurero de Real de Montroy, propiedad de Agricultores de la Vega. Esa cláusula beneficiaba claramente a uno de los concurrentes. Pero es que además, SAV-FCC propuso como vertedero provisional 'un vertedero en el término municipal de Dos Aguas', es decir, la UTE ganadora proponía como provisional un vertedero que no estaba construido y que no estuvo operativo hasta más de un año y medio más tarde (incluso en una ubicación distinta, a varios kilómetros de la prevista).

Mientras, Ferrovial, empresa que también acabó poniendo un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación, presentó un permiso del alcalde de Altura para acoger los residuos hasta que dispusiera de una instalación mayor. Pero perdió el contrato.

El concurso tuvo por objeto, según los demandantes, 'un solo fin: adjudicar el servicio a quien ya se tenía previsto'. De hecho, el concurso del multimillonario negocio de las basuras del CMH garantizaba a la empresa adjudicataria un mínimo de 300 millones de pesetas anuales. En total, en los 15 años de validez del concurso, un mínimo de 4.500 millones más las correspondientes actualizaciones.

Un año antes de que la UTE lograra el concurso, se creo una mercantil, Proficer Sedimentos, SA, para explotar fincas rústicas y hacer urbanizaciones. La firma tenía las ideas claras: compró 11 fincas en Dos Aguas por 4,8 millones de pesetas; obtuvo del Consell en octubre de 1997, y pese a carecer de experiencia en el sector, la declaración de interés comunitario para el basurero, una decisión calificada por el PSPV de 'fraude de ley' porque este trámite administrativo sólo se concede a iniciativas públicas; y vendió las tierras más tarde, el 21 de abril de 1998, a la UTE ganadora del concurso por 38 millones: un 700% de beneficio en apenas un año

Tras conocer la decisión, Enric Luján recordó ayer que los propios técnicos del CMH desaconsejaron la adjudicación, y que el PSPV se opuso a la decisión en la mesa de contratación porque 'el concurso no cumplía los requisitos legales', pero que el Partido Popular impuso su voto mayoritario y lo adjudicó. Luján dijo que ahora se abre 'una nueva crisis de los residuos' ya que habrá que solucionar la gestión de los residuos del CMH, entidad que ya no existe.