El juez encarcela a los etarras acusados de matar a dos concejales en Barcelona
El juez había citado a los dos presuntos etarras para que explicasen su intervención en el asesinato a tiros del concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Adriá del Besós (Barcelona) José Luis Ruiz Casado, ocurrido el 21 de septiembre de 2000.
Precisamente, tras la detención de Krutxaga y Armendariz, el pasado 11 de enero, fueron intervenidas dos pistolas, una de las cuales, la que portaba Krutxaga pudo ser el arma utilizada para asesinar a Ruiz Casado. No obstante, los resultados de las pruebas periciales balísticas no han sido todavía incorporados al sumario.
Los etarras fueron preguntados también por el asesinato de Francisco Cano Consuegra, concejal del PP en el consistorio de Viladecavalls (Barcelona) quien falleció en Terrassa el 14 de diciembre de 2000 como consecuencia de la explosión de una bomba colocada bajo del asiento de su vehículo, una furgoneta con la que el edil circuló durante más de una hora hasta que el artefacto estalló.
Los etarras fueron conducidos por separado ante el juez, en cuyo despacho permanecieron poco más de un cuarto de hora cada uno. A petición del fiscal, Garzón acordó la prisión preventiva de ambos.
Krutxaga y Armendariz ya se encontraban en prisión por su participación en otros atentados como el asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch, hecho por el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, les procesó la pasada semana junto con el tercer integrante del comando, Fernando García Jodrá, en paradero desconocido.
Aunque tampoco ante el juez Moreno quisieron declarar los dos etarras, por sus manifestaciones a la policía se sabe que Krutxaga fue el autor material de esa muerte, que persiguió al ex ministro y le disparó dos tiros en la cabeza a corta distancia y que Armendariz cubrió la acción desde fuera del garaje del domicilio de Lluch, mientras García Jodrá realizaba labores de intendencia en el piso franco, tarea en la que se turnaban los tres etarras.
El fiscal exculpa al juez
Por otro lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado el archivo de la querella por supuestas amenazas presentada por el etarra Harriet Iragi contra el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, informa Europa Press.
El presunto integrante del comando Andalucía de ETA Harriet Iragi amenazó de muerte al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco el pasado 31 de octubre, cuando éste trataba de interrogarle sobre su participación en el asesinato del concejal del PP en Málaga José Luis Martín Carpena. Iragi se negó a declarar y tras culpar al juez de la situación en Euskadi, le espetó: 'Cuando esta tarde asista al funeral [el del magistrado del Supremo José Francisco Querol, asesinado el día anterior] dígale a sus compañeros que usted va a ser el próximo'. El juez le replicó: 'Si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado, le daría dos hostias'.
El informe de la fiscalía tiene en cuenta la situación anímica en la que se encontraba Ruiz Polanco cuando dijo la frase citada. El juez había sido amenazado de muerte y el fiscal recuerda que 'desgraciadamente' esas amenazas se han concretado en numerosas ocasiones.
El dictamen rechaza que se hubiera producido amenaza al etarra, ya que el magistrado antepuso la conjunción condicional 'si' a lo que sería la amenaza 'le daría dos hostias'. Iragi fue condenado en enero a dos años y medio de cárcel por las amenazas de muerte al juez y al fiscal Jesús Alonso.
Por su parte, María San Gil, presidenta del PP de Guipúzcoa, denunció ayer la colocación en varias calles de la parte vieja de San Sebastián de unos carteles insultantes contra profesores, políticos y periodistas.
Los carteles en cuestión están firmados por Haika, la organización juvenil del MLNV, sustituta de la autodisuelta Jarrai, y en los mismos se califica de colonizadores de Euskal Herria a varios profesores y políticos a quienes se culpa de atacar a la educación vasca y de ser los responsables de la estrategia contra Euskal Herria en las universidades y escuelas, o de ser enemigos del euskera. En otros, se acusa de 'fascistas' y 'perros de la pluma' a varios periodistas.
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