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El fiscal mantiene la imputación a Cartagena y exculpa a un concejal

Según la declaración judicial de Mariano Ferrández, la monja superiora del hospital municipal le entregó cerca de ocho millones de pesetas en 1993, cuando el hospicio clausuró su actividad. La entrega, según declaración judicial por exorto de la religiosa, se efectuó como liquidación al Ayuntamiento de las cuentas del centro.

El edil, que entonces ostentaba la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela, mantuvo varios días el dinero guardado en su domicilio particular, escondido dentro de un piano, y luego lo confió a Luis Fernando Cartagena, entonces alcalde de la capital de la Vega Baja.

El fiscal jefe no aprecia delito en la actuación del edil, pero mantiene la imputación a Cartagena. No obstante, antes de acusarle formalmente, ha pedido al juez que instruye la causa -el decano de Orihuela, Marcos de Alba y Vega- que indague sobre la vinculación entre hospital municipal y el Ayuntamiento, para determinar si el dinero supuestamente malversado tiene consideración pública o privada.

Las diligencias practicadas hasta la fecha prueban que el dinero entregado por la monja nunca se ingresó ni contabilizó en el Ayuntamiento, a pesar de que el Consistorio era titular del hospital.

En su defensa, Cartagena alegó primero que el dinero se destinó a la rehabilitación de viviendas sociales en el barrio Miguel Hernández de Orihuela. Para probarlo presentó al juez facturas libradas por la mercantil Limplac, S. L., propiedad de Ángel Fenoll, empresario estrechamente ligado al PP de la Vega Baja que fue condenado por comprar votos para este partido. Fenoll es propietario de varias empresas que trabajan con el Ayuntamiento.

Tras la investigación judicial, la policía científica de Madrid no pudo determinar si las facturas eran verdaderas o falsas, por lo que el juez retiró los cargos por falsedad que también imputó al ex consejero de Obras Públicas. Un socio de Fenoll en Limplac, Manuel Alcántara, declaró al juez que los recibos eran falsos pues, según su testimonio, se realizaron varios años más tarde, una vez abierta la causa judicial, como coartada para justificar el destino de los fondos.

Las últimas indagaciones judiciales relacionan el destino del dinero con las obras realizadas en la vivienda de una persona estrechamente vinculada a Cartagena. El ex alcalde alegó más tarde que el supuesto delito que le imputan había prescrito, pero el juez en primera instancia y la Audiencia posteriormente resolvieron que el tiempo transcurrido desde 1993 no ha extinguido la responsabilidad penal del presunto delito.

Anticorrupción

Del dinero nada se supo hasta 1998, cuando la Fiscalía Anticorrupción ordenó una investigación del caso a la Fiscalía de la Audiencia de Alicante, desde donde el expediente se trasladó al Juzgado de Instrucción 4 de Orihuela.

Inicialmente el juez decano de Orihuela atribuyó a Cartagena los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad, y posteriormente, por falta de pruebas, lo exculpó de los dos últimos.

Ni el juez ni la Audiencia de Alicante han aceptado la personación en la causa contra Luis Fernando Cartagena de los ediles del Centro Liberal de Orihuela, partido que fundaron cinco ediles del PP tras ser expulsados de este partido por denunciar varios casos de corrupción política en la capital de la Vega Baja, entre los que figura el del hospital municipal de Orihuela.

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