El fiscal pide seis años de cárcel para Puigneró por un delito ecológico de 1997

El fiscal de medio ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha presentado escrito de acusación ante el juzgado de Vic en el que solicita seis años de prisión para el empresario Josep Puigneró por los vertidos supuestamente contaminantes realizados por su industria textil durante 1997 y 1998. Las diligencias de este caso se abrieron en julio de 1997, después de que los diputados de IC-V en el Parlament denunciasen los hechos en la fiscalía y aportasen una cinta de vídeo filmada días antes en la que aparecía el cauce de la riera de la Tuta y del río Sorreig 'fuertemente contaminado', afirma el fiscal.

Las dos muestras de agua obtenidas unas semanas después por la Guardia Civil corroboraron la contaminación, asegura la fiscalía, y los análisis evidenciaron que las concentraciones de sólidos en suspensión y demanda química de oxígeno superaban los límites legales. Dos meses después de que se realizase la denuncia, la Generalitat concedió una autorización a la industria Hilados y Tejidos Puigneró para verter sus aguas residuales, pero la fiscalía recuerda que la empresa textil situada en Sant Bartomeu del Grau (Osona) incumplió también los límites establecidos por la Junta de Saneamiento.

En este proceso estuvieron inculpados inicialmente el presidente de la Junta de Aguas de la Generalitat, Jordi Joan Rosell Selvas, y el jefe de servicio de las cuencas del noreste, Enrique Moya, aunque finalmente han quedado exculpados. La fiscalía considera que no ha podido demostrarse de 'manera fehaciente' que tuviesen conocimiento de las captaciones ilegales de aguas subterráneas que realizaba la empresa de Puigneró desde 1975 'y que dejan seco el cauce de la riera de la Tuta'.

Argumentos de la defensa

Pau Molins, abogado defensor de Puigneró, explicó ayer que tras la concesión de la autorización de vertidos, la Generalitat estuvo realizando mediciones semanales de las aguas de la empresa y siempre se ajustaron a los límites legales, excepto en las fechas en las que la Guardia Civil recogió las muestras. La defensa explicó que el primero de estos análisis superó los límites porque cuando se recogió el agua, el 24 de julio de 1997, se había producido un accidente en la planta depuradora, que se comunicó a la Generalitat. Pau Molins recordó también que en esas fechas el industrial estaba en prisión, 'por lo que difícilmente se le puede exigir responsabilidad penal'. Por todo ello, la defensa explicó que solicitaría la absolución durante el juicio, que se celebrará muy probablemente después del verano en la Audiencia de Barcelona.

Al margen de los seis años de prisión, el fiscal solicita también para el empresario otros cuatro años y medio de inhabilitación para el ejercicio de actividades industriales y 10,8 millones de pesetas de multa. Josep Puigneró fue el primer empresario de España que ingresó en prisión por delito ecológico para cumplir una pena de cuatro años y dos meses de cárcel por vertidos realizados entre 1990 y 1993. El pasado mes de octubre cumplió 70 años, con lo que es muy probable que no vuelva a ingresar en prisión si finalmente es condenado en sentencia firme.