La batalla de la cohesión

Varios dirigentes del PSOE, entre ellos Juan Carlos Rodríguez Ibarra, van a proponer un compromiso interno según el cual los barones socialistas no podrán negociar directamente con el Gobierno temas que formen parte de un modelo completo para el conjunto del país, por lo menos no antes de que la dirección del partido haya dado por finalizada su propia negociación al respecto.

Se trata así de salir al paso de lo que creen que va a ser una de las estrategias más importantes del Partido Popular en toda la presente legislatura: promover la imagen de desunión y falta de coherencia interna de los socialistas, como ha sucedido en la negociación del Plan Hidrológico Nacional y en las diferentes posiciones de algunos barones ante la Ley de Extranjería.

Rodríguez Zapatero se ha asentado sin problemas. Los demás tienen aún que situarse

La nueva norma será sometida probablemente al Consejo Territorial del PSOE, que se reúne el próximo día 15 y al que asisten todos los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, así como los secretarios generales de todas las federaciones del partido. La idea es que la reunión sirva para dejar claro a los barones que no deben intervenir en los debates políticos nacionales que están fuera de sus competencias autonómicas, a menos que así se lo pida la dirección del partido. Y de paso, contrarrestar la asamblea convocada para hoy, lunes, por el Partido Popular con los presidentes de sus comunidades autónomas, en la que hará gala de unanimidad.

El encontronazo del Plan Hidrológico Nacional ha puesto de manifiesto dos problemas serios con los que tropieza la nueva ejecutiva socialista. Uno es heredado de la etapa anterior: el excesivo papel de los barones en el debate político general. Pero otro es específico del nuevo equipo: su débil estructura interna.

En el primer caso, no se ha producido todavía ningún incidente grave. Tanto José Bono (el candidato derrotado por Rodríguez Zapatero en el 35º congreso del PSOE) como Juan Carlos Rodríguez Ibarra explicaron que Castilla-La Mancha y Extremadura no podían haber hecho otra cosa que votar a favor del PHN porque el Gobierno había aceptado todas sus peticiones.

Algunos miembros de la ejecutiva socialista han reconocido en privado que situaciones de este tipo hacen daño cara al exterior, pero que no han provocado un incidente interno porque 'nadie ha pretendido mover la silla' al nuevo secretario general. De hecho, afirma un miembro de la ejecutiva, los dos políticos socialistas telefonearon al vicepresidente Mariano Rajoy y al ministro Jaume Matas para advertirles de que estaban 'profundamente irritados' con la utilización que estaba haciendo el Gobierno de lo sucedido. Y Rodríguez Ibarra ha sido uno de los primeros dirigentes del PSOE en proponer que se fijen para el futuro unas normas de comportamiento más claras. 'No criticamos a nadie, más bien nos autocriticamos', afirma ese componente de la ejecutiva. 'Los miembros de la nueva dirección no funcionamos aún como un equipo cohesionado'.

Ése es precisamente el segundo problema al que hace frente Rodríguez Zapatero. En todas las ejecutivas termina formándose un núcleo de poder más reducido y próximo al secretario general, que se convierte en el punto de referencia para el conjunto del partido. Ese grupo todavía no existe en el PSOE o no es patente para la inmensa mayoría de cargos socialistas. La ejecutiva funciona aún de una forma muy abierta y prácticamente el único tándem claro es el que forma el secretario general con el presidente del grupo parlamentario, Jesús Caldera.

De hecho, fue Caldera quien mantuvo una larga conversación con el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, para explicarle que no podía votar a favor del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extranjería cuando la dirección del partido ya había decidido en sentido contrario. De acuerdo con la tradición del PSOE, es extraño que sea el presidente del grupo parlamentario quien ejerza ese papel y no alguien de la propia ejecutiva. 'Lo normal hubiera sido mirar a Ferraz [la sede madrileña de la ejecutiva] y no al Congreso de los Diputados', reconoce un diputado socialista.

Algunos dirigentes atribuyen también lo ocurrido con el Plan Hidrológico a esa debilidad que muestra todavía la estructura interna del partido. 'Necesitamos más tiempo, porque aunque todos tenemos mucha mili encima, muchos años de actividad política, es verdad que trabajamos juntos sólo desde hace pocos meses', afirma uno de ellos. Lo único que está claro, asegura, es el papel de Rodríguez Zapatero, que se ha asentado sin problemas. Los demás tienen todavía que situarse y demostrar su capacidad.

La mayoría de los actuales dirigentes socialistas se muestra, sin embargo, bastante tranquila. 'Tenemos una gran ventaja', afirma uno de ellos. 'Prácticamente todo el mundo admite dentro del partido que uno de los grandes errores del pasado ha sido la imagen de desunión de los socialistas. Todo el mundo sabe que la imagen de unidad es un elemento político esencial para el PSOE en esta nueva etapa y que hay que poner en marcha los elementos que garanticen esa cohesión'.

El estado de ánimo es tan unánime en ese sentido que la nueva ejecutiva cree que cualquier barón que intente desmarcarse del deseo de unidad y cohesión o que haga ostentación de sus diferencias va a encontrarse con una reacción hostil por parte de la militancia y cargos intermedios del partido. Si el PSOE no recupera fuerza globalmente como partido, los malos resultados terminarán alcanzando también a los barones territoriales que, además, llevan muchos años en el poder.

El compromiso de cohesión adquiere todavía más importancia estos días porque ya está sobre la mesa otro tema en el que la exhibición de unidad va a resultar políticamente muy relevante: el nuevo sistema de financiación autonómica.

El dinero que reciben las comunidades autónomas para financiar sus responsabilidades estatutarias forma parte de una gran discusión en la que los partidos con proyección nacional tienen una ocasión especial para demostrar su cohesión. La nueva ejecutiva socialista no quiere, bajo ningún concepto, que esta vez se registre la menor fisura. La negociación correrá a cargo de Jordi Sevilla, por parte socialista, y de Cristóbal Montoro, primero y para los acuerdos de índole más técnica, y Rodrigo Rato, después y para la parte más política, en nombre del Gobierno.