Guía contra el maltrato doméstico

El año pasado llegaron a los juzgados más de 30.000 denuncias sobre malos tratos en el hogar, especialmente contra mujeres. Muchos más se quedaron en el secreto familiar, pese a que en ese mismo periodo 64 mujeres fueron asesinadas por sus maridos o ex maridos, novios o ex novios. Una actuación judicial a tiempo pudo haber evitado algunas de esas muertes. Agotado en diciembre pasado el plan contra la violencia doméstica 1998-2000, y en vísperas de la aprobación del que habrá de sustituirle, el Consejo General del Poder Judicial ha elaborado una especie de guía o vademécum de actuación judicial contra esa plaga.

La experiencia demuestra que el papel de los jueces es decisivo en este terreno. Para evitar la impunidad de los que humillan y golpean a sus parejas, pero también para prevenir que esos malos tratos den paso a tragedias irreversibles. El grueso de las medidas propuestas busca reducir los efectos del mal funcionamiento de la justicia sobre los procesos por violencia doméstica. Frente a la lentitud, se otorga carácter de urgencia a la tramitación de las denuncias por malos tratos, obligando a colocar sobre las correspondientes diligencias judiciales un rótulo bien visible con la leyenda 'Urgente. Violencia doméstica'.

Y frente a la descoordinación, se urge a que a los jueces civiles y penales actúen de consuno frente al maltrato familiar, de modo que los primeros, en los supuestos de violencia doméstica relacionados con procesos de divorcio o separación de la pareja, ordenen la detención del hipotético agresor poniéndole a disposición del juez penal de guardia.

Otras medidas se orientan a garantizar que los actos repetidos de agresión sean tramitados por un solo juez y que el registro informático de las fiscalías, que centraliza los datos sobre delitos de violencia doméstica, pueda ser consultado por los jueces que tramitan ese tipo de delitos.

El Consejo General del Poder Judicial no puede ir más allá de establecer normas de agilización de los procesos. No es poco. Pero la respuesta judicial al maltrato doméstico debe pasar también por una mayor unidad de criterio en la aplicación de la ley. Es verdaderamente incomprensible que la agresión sexual en el seno familiar -una de las formas frecuentes de violencia doméstica- pueda quedar impune porque un tribunal estime que no hay constancia del rechazo de la víctima, como acaba de ocurrir en la Audiencia de Barcelona. El drama de una menor sometida a abusos sexuales a manos de su padre a partir de los 14 años, hasta dejarla embarazada a los 20, no puede resolverse con una invocación tan superficial, por más que la víctima renunciara a declarar en la vista.