La ONCE, Antena 3 y un grupo británico optan a la explotación del hipódromo durante 25 años

Los tres proyectos elaborados para recuperar la actividad en el Hipódromo de La Zarzuela serán analizados por un jurado de siete miembros -cuatro de Patrimonio Nacional, uno de la Comunidad de Madrid, otro del Ayuntamiento de Madrid y uno más del Organismo Nacional de Loterías-. La empresa que gane el concurso tendrá la obligación de comenzar de inmediato las obras de rehabilitación de las instalaciones de La Zarzuela, y deberá comenzar a organizar carreras antes de marzo de 2002.

Los responsables de Patrimonio han querido que sea determinante, a la hora de valorar los proyectos, la experiencia de las empresas en la organización de carreras de caballos; por eso reclaman al menos tres años de trabajo en este campo.

Los grupos que han participado en el concurso cumplen en mayor o menor medida este requisito. Pero son las apuestas, tanto interiores -las que se efectúan en el hipódromo- como exteriores -aquéllas que pueden realizarse desde fuera a través de terminales- las que acaparan el interés de los empresarios. Sólo el grupo encabezado por la ONCE se ha planteado de manera concreta cómo recuperar y mejorar las instalaciones del Hipódromo de La Zarzuela y cómo fomentar el desarrollo de las carreras y, en definitiva, de una industria que en otros países es fuente de ingresos y de puestos de trabajo.

Esa concreción de la propuesta meramente hípica se debe sobre todo a que en el grupo de la ONCE se encuentran algunos de los propietarios de caballos que tuvieron cuadras en el pasado más reciente del hipódromo, y algunos de los profesionales de aquella época, como el legendario yóquei Claudio Carudel. La ONCE presenta una propuesta de boleto de apuesta externa confeccionada según el modelo conocido como cuarteto, que consiste en acertar el orden de llegada en una carrera de las cuatro primeras plazas.

Jugar desde la cafetería

Antena 3 basa su proyecto para el hipódromo de la Zarzuela, al menos en la parte que ha dado a conocer a los medios de comunicación, en las apuestas y en el seguimiento que de ellas se puede hacer a través de canales de televisión. Jugar desde una cafetería y ver las carreras a la vez es su propuesta. Para desarrollar el juego, Antena 3 cuenta con los expertos de la PMU, la empresa que controla las apuestas en Francia, y también con la maquinaria que allí se emplea.

La propuesta que llega desde el Reino Unido, y que presenta un consorcio integrado por Arena Leisure y Víctor Chandler International, está apoyada en su gran experiencia en la gestión de hipódromos. En su contra está el desconocimiento que tienen sus expertos de las particularidades de las carreras de caballos españolas. Probablemente por eso no han concretado sus planes para La Zarzuela, en lo que a rehabilitación se refiere.

El grupo británico espera contar con la participación de un 40% de capital español en su sociedad. Representantes de la empresa Victor Chandler, que lidera el colectivo, han asegurado además a este periódico que están dispuestos a pactar con cualquier otro grupo una vez se conozca el fallo del concurso, previsto para el próximo lunes.

A la espera de la decisión que tome el jurado convocado por los responsables de Patrimonio Nacional están cientos de profesionales que se encuentran en paro desde 1996, cuando la empresa que gestionaba el hipódromo en aquel momento, propiedad de Enrique Sarasola, suspendió su actividad y dejó unas deudas superiores a 6.500 millones de pesetas.

Enrique Sarasola sostiene que la explotación de la apuesta hípica sigue siendo suya a través de la Sociedad Hipódromo de Madrid. Por ello, el empresario ha acudido a la Sala de lo contencioso-adminisrativo de la Audiencia Nacional para que falle sobre este asunto.

Las apuestas que girarán alrededor de las carreras -que, una vez resuelto el concurso y puesto en marcha el proyecto correspondiente, se disputarán a partir del próximo año-, tendrán que someterse a la nueva Ley del Juego que prepara en estos momentos la Comunidad de Madrid, después de recibir las competencias pertinentes del Gobierno nacional. La ley está casi acabada y, según fuentes del Ejecutivo regional, será llevada al Consejo de Gobierno, para su aprobación, en un plazo de dos a tres semanas