Los sindicatos rechazan frontalmente a Carlos Gila como nuevo propietario de Sintel

'Carlos Gila no nos merece ninguna credibilidad porque él fue quien vino a la empresa a presentar la suspensión de pagos y a preparar el expediente de extinción de empleo de 1.200 de los 1.800 empleados de la empresa. Gila es un testaferro de Telefónica que no contará con ninguna colaboración por parte de la plantilla para diseñar ningún plan de viabilidad, porque ha sido uno de los que han colaborado a llegar a la situación actual', recalcó Adolfo Jiménez, presidente del comité intercentros de Sintel.

Telefónica salió ayer al paso de esas acusaciones del comité laboral de Sintel, que califica de testaferro de Telefónica al ejecutivo de 32 años Carlos Gila. Fuentes de la operadora que preside César Alierta desmintió 'rotundamente' esta acusación. Esas fuentes añadieron que la situación de Sintel es muy delicada y que estarían dispuestos a 'colaborar para salir de la crisis, pero no a pilotar la salida de esa crisis, ya que ello es responsabilidad del actual equipo gestor y de la plantilla'.

La dirección de Telefónica entiende que el papel que ellos podrían jugar en el futuro es el de ser un cliente más de Sintel, dentro de una empresa que tuviera viabilidad, y que para ello es necesario que las partes negocien una salida con futuro. Telefónica, añaden esas fuentes, ha dado anticipos a la empresa a cargo de trabajos encargados que aún no se han realizado. La empresa no quiere pilotar la resolución de la crisis porque sería reconocer implícitamente que ellos fueron quienes la provocaron de plano, extremo que rechazan rotundamente.

Después de la manifestación del pasado martes en el paseo de la Castellana de Madrid, a la que asistieron entre 15.000 y 20.000 personas, se han producido iniciativas entre los diferentes grupos políticos. El PSOE ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que tome medidas para arreglar una crisis empresarial que está provocando alarma social. Incluso ayer se produjeron algunos movimientos en el seno del PP para atajar un problema social y sindical que tiene incidencia pública. 'La acampada que los trabajadores de la empresa protagonizan enfrente del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el paseo de la Castellana de Madrid, es molesta, no es la mejor imagen para un Gobierno', señalaban ayer fuentes del PP, para quienes se está dejando pudrir un asunto que empaña la imagen de todos.

El presidente del comité intercentros añadía ayer que como medida urgente deben pagarse las seis mensualidades que se adeudan a los trabajadores para poder comenzar cualquier tipo de negociación. Por ahora, la dirección de la empresa y los trabajadores caminan totalmente de espaldas.

Ayer, el comité intercentros acudió a la Fiscalía Anticorrupción para el acto de ratificación de la denuncia penal que presentaron hace meses contra MasTec por irregularidades en la gestión.

Asimismo, ayer, el comité intercentros, lejos de relajar la tensión sindical, la tensó más al acordar prolongar la huelga que actualmente llevan adelante hasta el 31 de marzo próximo, lo que complicará más la situación de la empresa.

Mientras, Carlos Gila quiere tomar el control de la empresa para ser el interlocutor único y diseñar un plan de viabilidad, aunque para ello presentó en diciembre pasado un expediente de extinción de 1.200 empleos de los 1.800 con los que cuenta la empresa.