Un juzgado de Vitoria no halla dos tomos de un sumario por estafa

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha comunicado a varios letrados que dos de los más de diez tomos del sumario del caso ERNE -en el que hay en torno a 20 denunciantes por estafa, apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas por más de 200 millones de pesetas- no aparecen. En esos dos tomos figurarían varias pruebas periciales consideradas importantes por los letrados, y cuya desaparición puede provocar otro revés a un caso que se remonta a 1992 y en el que todavía no se ha celebrado la vista oral.

Varios pequeños ahorradores denunciaron a partir de dicho año a la gestoría ERNE y a sus dos socios, Francisco Javier López de Landache y José Ramón Saenz de Maturana, tras perder todos sus ahorros al parecer en inversiones que no rentaron el dinero prometido y finalmente fracasaron.

Varios abogados de los querellantes coinciden en señalar la importancia de los dos tomos desaparecidos y recalcan que el juzgado es el máximo responsable de la custodia de esos documentos. Además, sugieren que si hasta ahora el juzgado tenía serios problemas para celebrar el juicio, de confirmarse oficialmente la desaparición, el caso podría retrasarse aún más tiempo.

Retroceso

En 1998, el proceso retrocedió hasta lo actuado en 1993 por un error del propio juzgado, que no comunicó a una de las partes el paso de diligencias previas a procedimiento abreviado. La Audiencia Provincial le dio la razón al abogado de la defensa y ordenó retrotraer las actuaciones cinco años atrás.

Ahora, las más de 20 denuncias se han acumulado en un único sumario. Los inversores habían depositado en algunos casos hasta 25 millones de pesetas para que ERNE se los colocara en activos financieros. Sin embargo, el dinero acabó presuntamente circulando por una red de empresas que los socios de esa gestoria manejaban.

El negocio funcionó desde los años ochenta hasta que a principios de la década de los noventa los clientes empezaron a tener noticias de que ERNE tenía problemas de liquidez. El castillo se derrumbó en 1991.

Varios ahorradores exigieron la devolución de los fondos y empezó su particular calvario. Landache reconoció en conversaciones privadas que todo el problema se derivaba de 'una desafortunada inversión inmobiliaria' en una parcela que otra empresa, creada, entre otros, por él mismo y su socio, hizo en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta parcela urbana fue comprada a finales de 1986 para edificar y cinco años después no tenía ni un ladrillo puesto. El precio de compra de la parcela fue de 450 millones de pesetas. Apenas 21 meses antes, esa parcela fue adquirida por un matrimonio que residía en las islas Canarias por un precio sensiblemente inferior, 142,4 millones de pesetas.