Las ONG denuncian que los acuerdos de El Ejido siguen sin cumplirse

La noche del 5 de febrero de 2000 cientos de vecinos de El Ejido, muchos armados con barras de hierro y palos, se tomaron la justicia por su mano tras el asesinato de una mujer de 26 años y la posterior detención como supuesto autor del crimen de un joven perturbado de 20 años de origen magrebí. La oleada de vandalismo arrasó locales y coches de extranjeros.

La policía sólo intervino para evitar agresiones físicas. Los jueces sólo han admitido dos de las 693 denuncias que en aquellos días interpusieron los abogados de SOS Racismo. Pero además de las denuncias, están las teóricas actuaciones de oficio. Nada ha trascendido de estas diligencias judiciales -158 personas, 92 de ellas inmigrantes, pasaron a disposición judicial en los días que siguieron a la revuelta-. Ni siquiera se ha vuelto a saber nada de una agresión grave a la máxima autoridad, el subdelegado del Gobierno, Fernando Hermoso. Nadie parece querer decir nada ni buscar culpables, ni el propio Hermoso.

Mientras desde la Subdelegación del Gobierno se habla de las 'constantes' gestiones para mejorar la situación de los inmigrantes en Almería, lo cierto es que tanto sindicatos como ONG o colectivos de extranjeros coinciden en su apreciación sobre el estado de El Ejido un año después: 'No se ha hecho nada, ha sido un año de congelación total y absoluta', afirma Hamza Al Hanfi, presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes de Marruecos de España (ATIME). En los últimos doce meses se ha cumplido sólo en parte el acuerdo firmado el 12 de febrero entre empresarios, sindicatos, ONG y colectivos inmigrantes para poner fin a la huelga de braceros suscitada tras los ataques xenófobos. Amén de las indemnizaciones efectuadas -por lo bajo, según algunos afectados-, las regularizaciones de quienes perdieron sus papeles y los realojos urgentes, el acuerdo está incompleto en los puntos más acuciantes: integración social, vivienda e investigación de los hechos vandálicos.

En El Ejido, la entrada de un magrebí a ciertos bares sigue vetada y prohibida hoy por sus encargados y, en caso de ser aceptados como clientes, pagan su consumición más cara que los nativos. La mayoría de los inmigrantes viven apartados del núcleo urbano ante la imposibilidad de poder alquilar una casa en el centro; y recorren distancias kilométricas a la hora de ir a comprar o a tramitar alguna gestión a la ciudad.

De El Ejido se marcharon hace ahora un año, tras los sucesos ocurridos en febrero, alrededor del 60% de inmigrantes residentes en la zona hacia el norte de España, según los colectivos de inmigrantes. La única política de integración e inmigración practicada desde lo ocurrido se ha dejado en manos de Cruz Roja, ATIME, Mujeres Progresistas y Almería Acoge a través del Plan de Emergencia del Poniente y por el que se subvencionaron 300 millones de pesetas. Aunque esta última ONG, cuyas instalaciones fueron arrasadas durante los ataques vecinales, se ha mantenido 'alejada' de forma voluntaria del municipio durante este último año para 'no tensar más la situación'. Por su parte, el alcalde de El Ejido, Juan Enciso, se niega a hacer ningún tipo de balance sobre la situación del municipio porque 'sobre inmigración el Ayuntamiento no tiene competencias. Le corresponde al Estado y a la Junta de Andalucía', se excusa su jefe de prensa.

Desde la central sindical Comisiones Obreras (CC OO) el responsable de Migraciones, Emilio Asensio, considera insuficientes las tímidas actuaciones llevadas a cabo por la administración. 'Los programas de sensibilización se han dejado en manos de cuatro ONG y se tiene que implicar a las corporaciones locales y dejar a un lado las valoraciones políticas', apunta Asensio.

Mientras tanto, la que iba a ser una solución de emergencia, basada en el realojo en módulos de quienes perdieron sus viviendas, ha pasado a ser definitiva aunque desvirtuada: los empresarios agrícolas condicionaron la instalación de las casetas a cambio de poder ubicar también a sus propios braceros. En verano se quedaron vacías por las altas temperaturas, pero hoy vuelven a estar habitadas por inmigrantes como Mohamed H., un marroquí licenciado en derecho que sólo lleva seis meses en España. Sólo la fortuna de llegar tarde le libró de la violencia radical contra el extranjero que estalló hace 12 meses, destapando el odio larvado entre dos comunidades que se rehúyen socialmente.