La Junta espera recibir más de 1.600 funcionarios y 189 oficinas para gestionar la política de empleo

Las reuniones entre representantes de la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo se han multiplicado en los últimos meses, lo que ha permitido salvar alguno de los escollos en los que se había atascado una negociación que dura ya cinco años.

El consejero de Empleo, José Antonio Viera, ha anunciado varias veces en las últimas semanas que el acuerdo es inminente y sólo está a falta de 'flecos'. 'Esto no va a estar hecho en 15 días, aún hay diferencias', indicaron el viernes fuentes del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el anuncio de Viera se nutre de un hecho que el Ministerio corrobora: las negociaciones han dado un fuerte estirón.

Hasta ahora, sólo seis comunidades han recibido la transferencia de las políticas activas de empleo: Cataluña, Galicia, Canarias, Navarra, Valencia y Madrid (las dos últimas con el PP en el Gobierno). El Ejecutivo central abrió la pasada legislatura negociaciones con varias autonomías, aunque Andalucía es la única comunidad histórica (el Pais Vasco tienen un régimen específico) que aún no gestiona estas políticas (intermediación en la búsqueda de empleo, escuelas-taller, centros laborales para minusválidos...). En junio, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, y el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, en su primer encuentro tras las elecciones para tratar de enfriar el clima de enfrentamiento institucional, consideraron prioritarios este traspaso y el de las cuencas hidrográficas intracomunitarias.

La Junta pretendía incluir en el traspaso la gestión de los 22.000 millones que el Gobierno asigna cada año a trabajadores eventuales agrarios andaluces en el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social (Aepsa). Esta reclamación, rechazada por el Ministerio, y la distinta valoración de los funcionarios y de la inversión anual que debe traspasarse centraban las diferencias, que los últimos encuentros han limado.

- Gestión de fondos AEPSA. El Gobierno central se ha resistido hasta ahora a considerar políticas activas de empleo las obras públicas que financia en el ámbito rural para completar los jornales que permiten a los trabajadores agrarios acceder a prestaciones por desempleo. La Consejería de Empleo y el Ministerio ultiman ahora una fórmula de cogestión que facilitaría el acuerdo. El Gobierno seguirá decidiendo el reparto nacional (Andalucía y Extremadura concentran la inmensa mayoría de los fondos) pero constituirá una comisión mixta con la Junta para decidir la distribución del dinero por provincias y pueblos (en virtud de los jornales acumulados históricamente). También decidirán conjuntamente la asignación de fondos entre los proyectos presentados. Y aún estudian si técnicos de la Junta seguirán las obras y comprobar su ejecución.

- Oficinas del Inem. El traspaso supone transferir a la Junta las 189 oficinas del Inem, en las que se desarrollarían dos funciones: el Gobierno seguirá asumiendo la gestión de las prestaciones de desempleo mientras que la Junta se hará cargó de las políticas activas de empleo. Una distribución de tareas que dificulta la organización de las oficinas, sobre todo de las más pequeñas (69 tienen menos de cinco trabajadores). Para evitar duplicidades, la Junta quiere reducir al máximo los empleados del Inem (uno en las oficinas más pequeñas) con el compromiso de que sus empleados colaborarían en la gestión de las prestaciones, algo que el Ministerio aún no ha aceptado.

- Funcionarios y fondos. El anterior titular de la Consejería de Empleo, Guillermo Gutiérrez, planteó que el traspaso de las políticas activas de empleo debía traer aparejado la transferencia de más de 1.400 funcionarios y de unos 800 millones anuales para inversiones. El tema de los funcionarios parece resuelto: la última propuesta en la mesa es de 1.627 funcionarios y más de 800.000 pesetas al año por empleado en concepto de gasto de funcionamiento. En el apartado de inversiones (compras de ordenadores, modernización de edificios y adquisición de nuevas instalaciones) aún hay diferencias. Eso sí, ya se está hablando de nivelación de servicios (un pago único para garantizar la financiación de obras en marcha), un aspecto que sólo suele tocarse en el tramo final de las negociaciones de transferencias.

- Servicio Andaluz de Empleo. La Junta está preparando la ley que regulará el Servicio Andaluz de Empleo, el organismo que centrará su política de empleo. Su funcionamiento depende en gran medida de que se formalice el traspaso, aunque la Consejería ya puede gestionar la formación profesional ocupacional, los incentivos a autónomos y las ayudas al empleo, que suman un presupuesto de 53.000 millones anuales. Las políticas de empleo supondrían otros 40.000 millones y, sobre todo, permitirían al Servicio Andaluz de Empleo intermediar entre los demandantes de de trabajo y los empleadores. Los gastos corrientes redondearían un presupuesto de unos 100.000 millones anuales para políticas autonómicas.