Un jesuita insumiso en Japón

Vicente Bonet lleva más de 40 años en Japón, adora a los japoneses pero no comulga con su sociedad y, mucho menos, con sus gobernantes. Este jesuita valenciano, de 64 años, que imparte clases sobre derechos humanos en la Universidad Sofía de Tokio, fue tomando conciencia de la injusticia de la Ley de Inmigración y del Registro de Extranjería que imperaba en el país del sol naciente y la discriminación que ello suponía para los extranjeros, especialmente para el colectivo de coreanos residente en Japón.

Su toma de conciencia, le llevó, junto a otros sacerdotes, a negarse a poner sus huellas dactilares en la documentación para renovar su pertenencia al Registro de Extranjeros. 'En Japón sólo toman las huellas dactilares a los delincuentes y a los extranjeros, lo que da muestra de la consideración que tienen a los que no tienen la nacionalidad japonesa', explica Bonet.

'Me dije a mí mismo que si impartía clases sobre Derechos Humanos debía ser coherente con mis enseñanzas', sentencia el jesuita valenciano. Su insumisión a la norma de imprimir las huellas dactilares no tuvo el castigo legalmente previsto: un año de cárcel o 300.000 pesetas de multa.

Pero el Ministerio de Asuntos Legales no dejó pasar el asunto. Así, cuando fue a renovar su visado de permanencia en el país por un periodo de otros tres años, sólo se lo renovaron por tres meses y al concluir este plazo le invitaron a abandonar Japón antes de una semana. Vicente Bonet asegura que, como no había hecho nada malo, no vió ninguna razón para marcharse y decidió seguir impartiendo sus clases en la Universidad. Una decisión que se tradujo en el inicio de los trámites para una deportación forzosa.

Su lucha despertó la solidaridad de miles de estudiantes, profesores de docenas de universidades y gestiones del Nuncio de la Santa Sede y el interés de medios de comunicación y el consulado español. Desde 1986 Vicente Bonet se vió obligado a no abandonar el país para evitar el riesgo de no volver a poner sus pies en el archipiélago japonés. Un año después su residencia ya era ilegal.

Sin embargo, la presión ejercida por Vicente Bonet con su negativa a que lo ficharan nuevamente como a un delincuente, junto a las negativas de otros religiosos y extranjeros, acabó forzando una reforma legal en abril del año pasado. En esta modificación se suprimió la obligación de imprimir las huellas dactilares a los extranjeros residentes, aunque no la obligatoriedad de llevar siempre encima la tarjeta de residencia. La reforma legal incluyó también una disposición para regularizar la situación, lo antes posible, de los extranjeros insumisos que se habían negado a continuar con un trámite injusto.

Así, pese a la tozudez de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Legales, Vicente Bonet logró, con ayuda de una parlamentaria, que le volviesen a conceder un nuevo visado por un periodo de tres años y que el Ministerio de Asuntos Legales cerrase su expediente de expulsión forzosa sin necesidad de que el jesuita valenciano firmase ningún papel que diese carta de naturaleza a las injusticias cometidas.

Tras el visado, Bonet a regresado a Valencia para ver a su familia y establecer diversos contactos europeos con organizaciones interesadas en los derechos humanos. Luego volverá a Japón, donde se siente un poco más libre.