El Gobierno aborda con los mataderos la nueva norma de la UE

El Gobierno navarro anunció ayer que emprenderá acciones penales y civiles contra los responsables de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por prohibir el enterramiento en el vertedero de Góngora, de ella dependiente, de las harinas procedentes de los Materiales Específicos de Riesgo (MER) procedentes de ganado bovino y ovino que se generan en la comunidad foral.

El presidente navarro, el regionalista Miguel Sanz, calificó ayer de 'irresponsable', 'frívola' y 'poco meditada' la prohibición y anunció que su Ejecutivo ha ordenado a sus servicios jurídicos que promuevan acciones penales y civiles contra la Mancomunidad por vulnerar la obligación legal de gestionar la recogida de residuos.

El Gabiente foral asegura que dicha prohibición ha 'colapsado' todo el sistema de tratamiento de residuos MER en la región. La única empresa habilitada para su conversión en harinas, ubicada junto al matadero de la empresa La Protectora, en Orcoyen, ha saturado su capacidad de almacenamiento, según Sanz. Un total de 17.000 kilos de residuos gelatinosos se han acumulado hasta ahora en contenedores a temperatura ambiente, que podrían presentar riesgos sanitarios.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está presidida por el concejal socialista de Pamplona Javier Iturbe. Es el organismo municipal encargado de gestionar el centro de tratamiento de basuras que abastece a la capital regional y toda su comarca y, según fuentes de los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra, en él se han venido enterrando con absoluta normalidad y garantías sanitarias restos de animales bovinos navarros y franceses sacrificados en la comunidad desde el año 1997.No obstante, la comisión permanente de la Mancomunidad, reunida el martes, esgrimió informes de técnicos propios y de la UE que advertían sobre los riesgos de enterrar las harinas procedentes de restos MER que pudieran filtrarse al subsuelo. Los portavoces municipales de UPN fueron los únicos en apoyar el enterramiento. Los ediles del PSN, EH, CDN e IU optaron por prohibir el enterramiento solicitado por el Gobierno foral y pidieron a Sanz que pensase otras alternativas.

El Gobierno respondió ayer a esa actitud con el anuncio de acciones penales. 'Es una medida irresponsable', reiteró Sanz, 'que confunde y alarma a la población al equiparar unos residuos inertes con materiales tóxicos y quien así actúa debe asumir las consecuencias'.

Esta prohibición ha provocado que no se puedan recoger los animales que diariamente mueren en las explotaciones por causas naturales, considerados como restos MER, y que se paralice el proceso de sacrificio de reses. 'La Mancomunidad obliga a los ganaderos navarros a mendigar con sus animales buscando una solución en otros lugares y a hacerlo, además, a su costa', dijo el consejero de Agricultura, Ganadería y Montes, Ignacio Martínez Alfaro.

A Bayona

Su homólogo de Euskadi, Iñaki Gerenabarrena, explicó ayer que el Ejecutivo vasco ya se ha reunido con los representantes de los mataderos para analizar cómo se aplicarán en la comunidad autónoma las últimas decisiones tomadas por la UE sobre el mal de las vacas locas, en especial la prohibición del chuletón.

Gerenabarrena explicó en una conferencia de prensa que en las reuniones, celebradas esta semana, se acordó realizar una visita a un matadero de Bayona para ver, entre otros detalles, cómo se quita el espinazo a las reses. No obstante, matizó que 'habrá que esperar a las resoluciones definitivas del Comité Científico o del Consejo de Ministros de la UE el próximo mes para tomar decisiones', informa Efe.

El sindicato agrario EHNE reclamó ayer al Gobierno vasco la creación inmediata de una mesa de coordinación y seguimiento de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET) 'para que se tomen medidas más eficaces y se pueda informar a interesados' sobre la crisis del mal de las vacas locas.

Además de la creación de dicha mesa, la central también reclamó una serie de ayudas para los ganaderos por la pérdida de renta que van a experimentar, ya que, según explicó el responsable de vacuno del sindicato, Jon Eguiluz, 'hay casos en que se pierden entre 12.000 y 15.000 pesetas por animal'. Entre las ayudas propuestas, se incluye una paga directa del Gobierno por animal vendido, que se elevaría a un total de 12.000 pesetas por mamón vendido, 10.000 pesetas por ternero, 25.000 por pastero y 65.000 por vaca, además de otra serie de ayudas económicas.