Un plan para el agua

El proyecto de ley de Plan Hidrológico Nacional cuenta ya con el cualificado respaldo del Consejo Nacional del Agua, si bien con serias reservas a su rigor medioambiental y a su viabilidad económica por parte de la comunidad científica representada en este organismo consultivo. El Ejecutivo tiene vía libre para remitir el proyecto al Congreso, pero todavía deberá esforzarse por alcanzar el amplio acuerdo político exigible en un asunto como la gestión y el reparto del agua, capital para el desarrollo integral de España.

Si hay un asunto que no puede tramitarse en el Parlamento como un paseo militar, según la torpe confidencia del ministro Arias Cañete a los agricultores murcianos, es el de los trasvases, punto esencial, aunque no único, del proyecto de Plan Hidrológico y fuente de las divergencias que han impedido, casi secularmente, resolver el problema del agua en España. El debate parlamentario es la última y más importante ocasión para acercar posiciones y alcanzar compromisos en la polémica. Por parte del PP sería irresponsable utilizar su mayoría absoluta como argumento único e inapelable. Pero el partido socialista, como principal partido de la oposición, está obligado a clarificar cuanto antes su postura y a proponer alternativas creíbles, si es que las tiene.

De momento, el PSOE no ha ido más allá de anunciar una enmienda a la totalidad del proyecto. Pero se desconoce cuáles son sus propuestas concretas y si responden a un plan coherente, acorde con la dimensión interterritorial del problema. No basta con decir que el plan del Gobierno no apuesta por el uso eficiente del agua ni por las nuevas tecnologías, o que no respeta la legislación ambiental europea e ignora los criterios de la sostenibilidad y el uso racional de los caudales. La votación favorable al proyecto del Gobierno en el Consejo Nacional del Agua por parte de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Extremadura, gobernadas por los socialistas, muestra que el PSOE tiene dificultades para articular un modelo global que armonice, mejor que el del Gobierno, los contrapuestos intereses territoriales en liza.

En todo caso, que tras más de una década de espera llegue al Congreso un proyecto de Plan Hidrológico prueba que existe un acuerdo básico para resolver definitivamente la cuestión del agua en España. Ese consenso genérico debería ser el punto de partida de compromisos más amplios y concretos sobre la manera de atender las aspiraciones de desarrollo económico de regiones como Aragón, la más afectada por el trasvase del Ebro; sin descuidar las necesidades básicas, especialmente de abastecimiento humano, que puedan existir en zonas deficitarias de agua.