El veredicto Lockerbie

Han tenido que transcurrir doce años desde que un avión de Pan Am estallara sobre Escocia en su ruta de Londres a Nueva York antes de que un tribunal neutral condenara a cadena perpetua a un agente de los servicios secretos libios, y absolviera a otro, por colocar la bomba que acabó con la vida de 270 personas en Lockerbie. El veredicto unánime de los tres jueces escoceses en Camp Zeist -una antigua base estadounidense en Holanda, convertida temporalmente en territorio escocés a efectos de un proceso según la ley escocesa- aliviará la angustia de los familiares de las víctimas, que han convivido tanto tiempo con una pesadilla irresuelta, pero no liquida definitivamente el caso.

Estados Unidos, de donde procedía la mayoría de los muertos, quiere que Trípoli acepte su responsabilidad por el acto terrorista e indemnice a los deudos de los fallecidos, y la representación legal de éstos anuncia que proseguirá su multimillonario pleito civil contra el Gobierno libio. La Casa Blanca considera que el veredicto no es suficiente para levantar definitivamente las sanciones económicas que el Consejo de Seguridad impuso al régimen de Gaddafi en 1992. El juicio del caso Lockerbie ha sido posible después de muchos años de esfuerzos de la diplomacia internacional, canalizados sobre todo a través de la ONU. Gaddafi sólo se avino a entregar a sus dos hombres, tras diez años de negativas, después de pactar que el proceso se concentraría exclusivamente en el papel de ambos acusados, dejando de lado al Gobierno libio. El Consejo de Seguridad premió su gesto con la suspensión temporal de las sanciones, aunque Washington mantuviera las suyas propias.

El autócrata libio ha iniciado recientemente un viraje desde sus posiciones maximalistas anteriores, como predicador de la revolución universal y financiador de grupos dinamiteros. Gaddafi solemnizó en septiembre pasado la nueva actitud con el anuncio de una nueva era de cooperación con sus antiguos enemigos, incluyendo EE UU, y la promesa de dejar de destinar parte de los diez mil millones de dólares anuales de su petróleo a mantener guerrillas. Es natural que Libia quiera poner fin al castigo internacional y al aislamiento. Pero una cosa es que el Gobierno de Gaddafi, que recurrirá la sentencia y niega su implicación en los hechos, no haya sido acusado formalmente en Holanda y otra muy distinta que pretenda transformar un trato político en una realidad judicial. Eso atenta contra el sentido común y ofende la inteligencia. Por eso Washington y Londres buscan que Trípoli mantenga abierta su cooperación sobre el caso Pan Am 103 antes de propiciar la liquidación de las sanciones.