Aznar dice que la cooperación judicial con Portugal debe resolverse en la UE

La decisión portuguesa fue recibida con desagrado por las autoridades españolas, si bien el presidente José María Aznar quiso evitar tensiones en un asunto de extrema sensibilidad para Madrid y elogió la cooperación lusa en la lucha antiterrorista. 'Me parece injusto', explicó el presidente en rueda de prensa, 'que se diga que Portugal no colabora con España en la lucha antiterrorista, e injusto y falso que se diga que España impide la penetración de las empresas portuguesas en nuestro país'.

José María Aznar reconoció que la legislación española impide que una empresa con capital público, como Electricidade de Portugal (EDP), pueda tramitar una OPA como la presentada sobre la empresa Hidroeléctrica del Cantábrico, pero precisó que desea 'una mayor presencia portuguesa en España'. 'Es absurdo', añadió, 'que circulen viejas posiciones políticas sobre estos asuntos, porque lo que tenemos que hacer es aprovechar las inmensas oportunidades que tenemos los dos países en el mundo y en el seno de la Unión Europea'.

Solidaridad

Por su parte, el primer ministro portugués expresó su solidaridad con 'el Gobierno español, el pueblo español y las víctimas del terrorismo', pero eludió aclarar el futuro del supuesto colaborador de la banda terrorista ETA, José Luis Telletxea Maia, cuya extradición a España fue denegada por Portugal y que Madrid desea ver expulsado a un tercer país. El primer ministro Guterres reconoció que el Gobierno de Lisboa lleva siete meses sin resolver un recurso administrativo para decidir sobre su petición de residencia como ciudadano comunitario y trasladó el asunto a una 'pronta decisión del ministro del Interior' portugués.

El titular de este departamento, Nuno Severiano Teixeira, admitió que la 'no concesión de la residencia no significa su expulsión a un tercer país'.

Para justificar su aireada colaboración, el ministro de Justicia portugués aceptó la creación de un 'grupo de contacto' con España con el fin de acelerar y simplificar en el seno de la Unión Europea el 'reconocimiento de las resoluciones judiciales y de extradición; el establecimiento de una orden de detención europea y el avance en la armonización de los tipos delictivos y las penas en materia de terrorismo'.

600 millones

Por otro lado, la cumbre bilateral hispano-portuguesa acordó la creación de un comité bilateral de arbitraje para pagar las indemnizaciones a un grupo de 15 españoles expropiados durante la Revolución de los Claveles, hace ya 25 años. Fuentes españolas afirmaron que ya existe un acuerdo sobre las cantidades a pagar a ocho de ellos, mientras se ultima la situación de los restantes.

El total a pagar no supera los 600 millones de pesetas, 'una cantidad ridícula para un Estado', según la mayoría de los afectados.

Asimismo, dichas fuentes aseguran que Portugal acepta negociar con la familia Peña, cuyo expediente está separado de los anteriores por la alta compensación requerida, siempre y cuando decida en qué casos eligen la vía judicial o la negociación política.

Las delegaciones española y portuguesa firmaron también un acuerdo de cooperación transfronteriza y otro de ayuda a países en desarrollo, que por el momento afectará a Cabo Verde, Timor Oriental, El Salvador y Marruecos.

Además se informó que los ministros de Transporte español y portugués preparan tres nuevas autopistas que unirán los dos países por Ayamonte, Verín y Vilar Formoso, y esperan un estudio técnico sobre el futuro trazado del tren de alta velocidad.