El ex gerente del consejo del Priorat declara que hubo irregularidades

El ex gerente del Consejo Comarcal del Priorat Marc Escolà reiteró ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia de Tarragona todas las irregularidades que se produjeron en esa Administración y que puso en conocimiento de la justicia al acceder al cargo. Escolà, además, echó por tierra las estrategias de los defensores de su predecesor en el cargo, Enric d'Anguera, y del ex presidente Josep Maria Buil (CDC), basadas en presentar el caso como fruto de luchas políticas internas.

Durante su comparecencia ante los jueces, Escolà declaró que la denuncia de las irregularidades, como la creación de empresas fantasma para el cobro de subvenciones o los dobles pagos a empresas por trabajos no realizados, se originó cuando los bancos reclamaron el dinero al Consejo Comarcal y la Generalitat no aceptaba el pago de certificaciones originadas por D'Anguera. 'Tenía que salvar los muebles: el consejo no puede, no podía y no podrá hacer frente a semejante deuda', declaró. 'Era un festival de gente que aparecía pidiendo algo que se les adeudaba', precisó Escolà.

El ex gerente declaró que no se produjo ninguna conspiración entre él y quien presidía el Consejo Comarcal cuando Escolà llegó al cargo, el democristiano Jaume Figueras, ni con el consejero Manuel Miralves. 'Ante un presunto delito, hay obligación de presentar denuncia. Se hizo cuando había evidencias claras', explicó ante los jueces.. Y más que evidencias. Según Escolà, el propio D'Anguera le comunicó que Prior-Arq, Ieder y Arcade eran empresas fantasma, destinadas al cobro de subvenciones.

El poder de D'Anguera

El ex gerente negó en todo momento que D'Anguera y los empresarios involucrados en el caso, como el administrador de Eco-lògica, Armand Gutiérrez, o el de Ieder, Francesc Puertas, hubieran tenido ánimo de ponerse en contacto con los nuevos gestores del Priorat. Al igual que el resto de acusados, el testigo no pudo evitar cargar las tintas contra su predecesor al cuestionar el enorme poder que ejerció mientras desempeñó su cargo, que llegaba hasta a la expedición de reconocimientos de obligaciones desconocidas por el secretario, sin registro de salida.

Escolà también refrendó la existencia de pagos por trabajos no realizados, como el del camino de Guiamets a Capçanes, que fue subvencionado por la Generalitat, o el pago a Eco-lògica, una de las empresas que más trabajó con el organismo durante la gestión de D'Anguera, por trabajos que realizó un joven que cumplía la prestación social sustitutoria.

También explicó Escolà que era extraño que una empresa vinculada al Medio Ambiente llegara a realizar trabajos para el consejo por valor de 80 millones de pesetas, cuando el presupuesto anual era de 200 millones.