El Ayuntamiento de Elche pide un informe jurídico sobre la constitucionalidad de las áreas metropolitanas

El pleno del Ayuntamiento de Elche acordó ayer solicitar un estudio jurídico sobre la posible inconstitucionalidad de la futura Ley de Áreas Metropolitanas,que propugna el Consell. La moción contó con el apoyo del grupo del PSPV, que gobierna la corporación con mayoría absoluta, y de los ediles del grupo de EU. El grupo popular voto en contra.

La iniciativa incluye la solicitud de anulación del proyecto de ley, o en su caso, que se reconozca el derecho de lo municipos afectados a integrar o no el ente supramunicipal.

La Ley de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas, que tramitan las Cortes Valencianas, enfrenta desde hace meses a socialistas y populares en el Ayuntamiento de Elche. El proyecto plantea la creación de diversas áreas de gobierno en la Comunidad, entre las que se encuentra la de Alicante. Ésta última englobaría la capital provincial y la ciudad de Elche, hecho que ha provocado la reacción del equipo de gobierno ilicitano y de diversos sectores sociales del municipio.

El alcalde, el socialista Diego Maciá, mantiene que la aprobación del área metropolitana de Alicante supondría la perdida de la personalidad de la ciudad, en favor de la capital.

El estudio será encargado probablemente al experto en derecho administrativo Luciano Parejo, quien evaluará las posibilidades de un recurso ante el Tribunal Constitucional. En opinión de Carlos González, portavoz del del grupo municipal socialista, 'el proyecto es una ley marco y, por tanto, es competencia del Estado, y no del Consell su elaboración'. Además, 'esta norma atenta contra el principio de autonomía, principio que puede quedar vacío', añade.

Otra de las medidas que acordó ayer el Ayuntamiento ilicitano fue la realización de una campaña de información dirigida a los sectores sociales, culturales y económicos de la ciudad en torno a la Ley de Áreas Metropolitanas. En realidad dichos sectores, un total de 140 colectivos, ya han manifestado su negativa a esta iniciativa del Consell. La patronal es la única asociación que muestra más reticencias.